CÓRDOBA/TOLEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
El 85,7% de los trabajadores de Urende, con presencia en C-LM, apoyan el preacuerdo alcanzado la semana pasada con la dirección para aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de dos meses a 450 empleados de los más de 700 que conforman la plantilla.
Así lo han confirmado los 56 representantes de los empleados de las 22 tiendas que la empresa tiene en distintos puntos de España y que se han reunido este martes en una asamblea celebrada en Córdoba para rubricar los datos de las distintas reuniones de los centros de trabajo realizadas desde el viernes, tal y como han detallado a Europa Press los responsables provinciales de Comercio de los sindicatos UGT y CCOO en Córdoba, Antonio Vacas y Francisco Ramírez.
En concreto, el ERTE acordado tiene una duración de 60 días y afectará a 450 empleados, que recibirán de la empresa un complemento de 400 euros lineales, 100 euros para los empleados que a la finalización del ERTE permanezcan en la empresa, como complemento al desempleo, y 300 que se sumarían a las futuras indemnizaciones para las extinciones definitivas de contrato.
Los sindicatos confían en que, con este "balón de oxígeno" que le dan a la empresa, en situación de preconcurso de acreedores y con una deuda de 180 millones, sean menores a las 450 las citadas extinciones definitivas de contrato, que inicialmente pretendía la empresa, con sede central en Córdoba, y que también se mantengan abiertas más tiendas, pues Urende ha anunciado el cierre de 16 de las 22 que posee en toda España.
A este respecto, Vacas y Ramírez han señalado que la empresa, para ahorrar en gastos de distribución, ha previsto que cinco de las tiendas que seguirán abiertas se ubican en Andalucía y una en Castilla-La Mancha.
También han destacado los sindicalistas la condición que impusieron para cerrar el preacuerdo el ERTE de que se abonen los salarios que se adeudan a la plantilla, para lo que se ha acordado un calendario de pagos.
Una vez concluida la suspensión temporal de empleo, se llevaría a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a 450 personas, a quienes se indemnizaría con 25 días por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades, además de los 300 euros lineales mencionados anteriormente.
