TOLEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura ha resuelto delegar, en los coordinadores provinciales, las competencias para emitir resoluciones de ayudas para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y el fomento de la calidad agroalimentaria (Focal) y las ayudas a la mejora de las estructuras asociativas agrarias en Castilla-La Mancha (Focoop).
Según publica este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, la Orden de 23 de julio de 2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas Focal, autoriza al titular de la dirección competente en materia agroalimentaria para dictar las disposiciones que considere oportunas para el desarrollo de esta orden.
Por otro lado, y en virtud de la orden 11 de diciembre de 2008, modificadas por la orden de 30 de diciembre de 2009, la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural tenía también competencia para dictar las disposiciones para las ayudas a la mejora de las estructuras asociativas agrarias en Castilla-La Mancha (Focoop).
El Decreto 126/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, establece en su artículo 10 que en cada una de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, con sede en sus respectivas capitales, existirá un servicio periférico de la Consejería de Agricultura, que desarrollará las funciones y prestará los servicios de la misma en el ámbito de su provincia.
Al frente de cada servicio periférico habrá un/a Coordinador/a provincial que ejercerá la superior jefatura de todos los servicios de la Consejería en la provincia y desempeñará cuantas funciones le sean delegadas por los órganos directivos de la Consejería.
En consecuencia, teniendo presentes los principios administrativos de "celeridad y eficacia", y en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el director General de Infraestructuras y Desarrollo Rural Miguel Cervantes, ha decidido delegar en los coordinadores provinciales la resolución de estas dos ayudas.
No obstante, esta orden establece que la delegación de competencias prevista en esta resolución será revocable en cualquier momento por la persona titular de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, pudiendo también avocar para sí el conocimiento de un asunto de las materias objeto de la presente delegación, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.