Anulada la liquidación del presupuesto de Albacete 2010

ALBACETE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha anulado la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Albacete correspondiente al año 2010 apoyándose en un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas en el que se planteaba que los ingresos estaban "inflados", según recoge la sentencia que ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa el concejal de Hacienda, Juan Carlos López Garrido.

   Fue precisamente el Grupo Popular, cuando estaba en la oposición municipal, quien interpuso esta demanda, por lo que el propio López Garrido se ha mostrado satisfecho con la decisión de los tribunales, si bien ha admitido que, a estas alturas, "lamentablemente tiene pocas consecuencias". Aún así, ha puesto de manifiesto que es una decisión judicial que "no tiene precedentes en este Ayuntamiento".

   Precisamente el argumento de que los ingresos del Presupuesto 2010 estaban inflados era uno de los principales argumentos que el PP usó en aquel año para criticar el proyecto, al que votó en contra, y ahora, ha indicado López Garrido, ha quedado patente que "eran una falsedad absoluta porque el PSOE quería gastar, sabía que no lo tenía y se inventaba los ingresos".

   Así, para López Garrido, como consecuencia de esta actuación "se generó ese año una deuda de 5,2 millones de euros" en las arcas municipales, al contar con ingresos ficticios que se sabía que no iban a llegar, y que ha llevado a que el informe del Tribunal de Cuentas al que hace referencia la sentencia sea "demoledor" ya que, ha expuesto López Garrido, recoge que "los ingresos se habían sobrevalorado en, al menos, 12,2 millones de euros".

   Ha concluido lamentando que quienes fueron los responsables de esta decisión, la entonces alcaldesa socialista, Carmen Oliver, y el que fuera concejal de Hacienda del PSOE, Antonio Martínez, siguen en el Consistorio y "no asumen ninguna responsabilidad".

   Precisamente el propio Antonio Martínez, se ha referido a esta sentencia, a preguntas de los periodistas, y ha insistido en que, cuando se tomó esta decisión se hizo actuando "de buena fe" y que en aquel momento "no era previsible" ni se podía conocer la "brusca caída de ingresos" que ha padecido el Ayuntamiento. Para Martínez, además, éste fue un "problema generalizado" en muchos consistorios y que motivó al Gobierno a poner en marcha un Plan de Pago a Proveedores.