TOLEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS)
El secretario regional de CC.OO, José Luis Gil, denunció hoy que el "responsable único" de la detención, el pasado 8 de febrero en la provincia de Guadalajara, de 48 inmigrantes que trabajaban en situación irregular "son los empresarios que contratan de esta forma" y anunció que el sindicato se personará en la causa abierta en el Juzgado provincial para conocer el proceso de investigación.
En rueda de prensa, Gil se mostró preocupado de que haya una "trama muy injusta" en materia de inmigración en Castilla-La Mancha y defendió la personación en la causa, según acordó la Comisión Ejecutiva regional del sindicato el pasado 29 de marzo, por el interés en la operación y sus "ramificaciones" en otros municipios castellano-manchegos.
Asimismo, solicitó que la sentencia se emita en un periodo "rápido" por la situación irregular de los inmigrantes en España y pidió que sea "justa", como método "ejemplificador" para los empresarios.
La Guardia Civil detuvo a 48 inmigrantes que trabajaban en la empresa DHL-EXEL en los municipios de Quer y Alovera, mediante una subcontrata con la empresa de trabajo temporal Manpower, acusados de los delitos de usurpación del estado civil --al utilizar documentos cuyos titulares son personas ajenas a ellos-- y de infracción de la Ley de Extranjería.
Por su parte, el secretario confederal de Inmigración de CC.OO., Julio Ruiz, solicitó que se investigue por qué la administración pública no ha tenido conocimiento de la suplantación de la identidad de los inmigrantes en los centros de la Seguridad Social o del Instituto Nacional de Empleo, debido a que "hasta ocho personas" utilizaban el mismo permiso de trabajo y tarjeta de residencia, por lo que enfatizó que "no son del todo inocentes".
VULNERABILIDAD.
"La carga de la prueba debe de recaer en aquellos que se aprovechan de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra un trabajador en situación irregular", recalcó Ruiz en relación al "proyecto de persecución" que, a su juicio, se mantiene contra los inmigrantes.
Ruiz demandó que la Fiscalía actúe cuando se detecte que un empresario ha contratado a inmigrantes en situación de irregularidad porque señaló que "rara vez el empleo de irregulares no va asociado a la explotación de las personas", y solicitó el aumento de inspectores de Trabajo que "combata esa economía sumergida", que supone a los empresarios un ahorro de más del 30 por ciento en las aportaciones sociales.
Finalmente, también defendió la presencia de CC.OO. en la causa por la defensa de los trabajadores y "el combate contra todo aquello que pueda inducir al tráfico de personas en materia de inmigración" y por la apuesta de que "haya una política de inmigración regulada, ordenada y gestionada mediante los instrumentos legales para la entrada" en España en función de la capacidad de acogida y del mercado de trabajo.
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