El delegado del Gobierno reconoce que la situación en las cárceles de la región es "mala" pero "no peor" que en el resto de España
TOLEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El estado de conservación, mantenimiento y dotación de recursos humanos de las instalaciones penitenciarias de Castilla-La Mancha es deficitario, ya que estos espacios están sobreocupados en términos generales, lo que no permite una adecuada clasificación de los internos e impiden alcanzar el principio celular establecido en el Reglamento Penitenciario según el cual cada interno debe disponer de una celda.
Así se desprende del informe "Prisiones: condiciones de vida y derechos fundamentales" realizado por la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha entre el 20 de septiembre y el 24 de octubre de 2006 en los seis centros penitenciarios de Castilla-La Mancha y el centro de inserción social de Ciudad Real "Concepción Arenal" y recogido por Europa Press.
En sus conclusiones, la institución refleja que el derecho a la protección de la salud del que deben disponer las personas privadas de libertad se garantiza con desigualdades, ya que en algunos centros existe carencia de personal sanitario, siendo los medios materiales existentes en las enfermerías "escasos y obsoletos".
En este sentido, de las quejas expresadas por presos durante el periodo 2002-2006 y recogidas por la institución para su análisis, muchas de ellas hacían referencia a la sanidad, la alimentación o las condiciones higiénicas de algunos establecimientos penitenciarios.
El informe ve "preocupante" la asistencia psiquiátrica que se presta en el ámbito de las prisiones y los problemas derivados del traslado de internos fuera de la prisión; así como la "descoordinación" entre los profesionales del mismo centro y el hospital de referencia o la insuficiencia de recursos materiales para atender a los presos drogodependientes.
INSERCIÓN LABORAL.
De otro lado, respecto a las actividades formativas, culturales y deportivas, aboga por continuar con la implantación de los programas recogidos en el convenio marco de colaboración que respecto de estas materias se acordó entre la Junta y el Ministerio de Interior.
La inserción laboral es "muy desigual" en cada uno de los centros según el informe, donde se destaca como "excepción" los talleres productivos realizados en el centro penitenciario de Ocaña II, un centro donde destaca también por la formación ocupacional que se ofrece, junto a la formación profesional reglada que se imparte en el de Ocaña I, siendo la formación ocupacional en general "dispar".
El informe también analiza el derecho a la intimidad y a las relaciones familiares de la población interna, siendo "notablemente mejorables" los espacios donde se llevan estas a cabo. También se detiene el estudio en la necesidad de facilitar medios de transporte adecuados para que, en los centros más alejados de los núcleos de población, las comunicaciones se realicen con fluidez.
ASISTENCIA LETRADA.
El estudio al derecho constitucional de asistencia letrada también ha sido objeto de queja por parte de los reclusos, siendo frecuentemente vulnerado su derecho a mantener el arraigo social y familiar.
Además, salvo el asesoramiento que reciben algunos presos por parte de asociaciones y organizaciones privadas, los internos no cuentan con una orientación jurídica gratuita que les permita conocer las peticiones que pueden plantear a la Administración Penitenciaria y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Este punto se solventaría, según la Defensora del Pueblo, si los Colegios de Abogados de las localidades de emplazamiento de los centros penitenciarios accedieran a dotaciones suficientes para establecer un turno de asistencia penitenciaria especializada que mejoraría la formación e información de las personas que cumplen penas privativas de libertad y garantizaría el adecuado ejercicio de sus derechos.
El informe se suma a otro sobre los centros de reforma de menores, realizados ambos sobre las personas privadas de libertad en la Comunidad Autónoma. Ambos estudios fueron registrados en las Cortes el 13 de noviembre y enviados, con posterioridad, al presidente de la institución, Francisco Pardo, y los portavoces de los grupos parlamentarios.
SITUACIÓN MALA.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, reconoció esta semana que la situación en las cárceles de Castilla-La Mancha es "mala" pero "no peor" que la que sufren el resto de centros penitenciarios de España.
"Sí que es cierto que la alta tasa de encarcelamientos en el país, que nos coloca en el segundo lugar de Europa, tiene su reflejo en las condiciones en los centros penitenciarios", indicó Díaz-Cano, quien recordó que el Gobierno central está intentando tomar medidas para evitar el hacinamiento de los presos en las cárceles.
En cuanto a la atención sanitaria de los reclusos, reconoció que "es deficitaria" y matizó que están trabajando también en colaboración con la Consejería de Sanidad para mejorarlas.
