TOLEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Coordinación del Plan de Garantía de Rentas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Inmaculada Herranz, ha defendido el papel que ha jugado Podemos desde que entró en el Ejecutivo castellano-manchego y las medidas que a su juicio son fruto de las políticas de la formación morada, "avances importantes en las medidas dirigidas a paliar y erradicar la pobreza en la región".
En un artículo de opinión en el que urge al Consejo de Gobierno a enviar la Ley de Garantía de Rentas a las Cortes, Herranz se ha arrogado medidas como el aumento de la cuantía, del presupuesto y las mejoras técnicas en el Ingreso Mínimo de Solidaridad, "las cuales han permitido incrementar el número de concesiones de la ayuda, alcanzado así un máximo histórico en 2018 con más de 2.633 nuevas concesiones".
En el artículo, recogido por Europa Press, apunta que el Informe de rentas mínimas de inserción elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad revelaba que la cobertura del Ingreso Mínimo de Solidaridad en 2017 no alcanzaba el 2,1% de la población que estaba bajo el umbral de pobreza.
"De hecho, somos la región con la cobertura más baja, a gran distancia de la media nacional (8%), evidenciando así la necesidad de dar un paso más allá en este tipo de políticas. La Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas supone colocar a Castilla-La Mancha 8 puntos porcentuales por encima de la media nacional, pasando de la última posición a la sexta comunidad autónoma con mayor cobertura", ha aseverado.
Por todo ello, ha apelado a incentivar "un cambio rápido y eficaz en los sistemas de protección social", por lo que insiste en tramitar un proyecto de ley en el que han trabajado muchos colectivos y agentes sociales desde agosto de 2017.
"Sin duda alguna hay una situación de desigualdad que, a pesar de la recuperación económica de la región, se mantiene lejos de los niveles previos a la crisis y corre el riesgo de perpetuarse y cronificarse en el tiempo, ya que, desgraciadamente, ni el empleo es capaz de garantizar unos ingresos mínimos para satisfacer las necesidades más básicas", ha agregado.
Se trata, ha dicho, de una ley "que cuenta con un extenso consenso social para que la vida de 92.000 personas quede asegurada con un sistema de protección estable y no para que se quede en un cajón".
"La responsabilidad política y la altura de miras debe ser el eje de la acción de gobierno. ¿Alguien puede entender que se antepongan los intereses particulares a una sociedad castellano-manchega más justa e igualitaria?", se ha preguntado.