Incautados 1,2 millones, 331 vehículos y 128 inmuebles

Actualizado: viernes, 6 junio 2014 11:36
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La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Illescas (Toledo), se extiende a 11 CCAA, entre ellas C-LM

   MADRID/TOLEDO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La macrooperación 'Nehar' de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria contra una red que vendía gasóleo para automoción adulterado se ha saldado con la detención de 98 personas y la incautación de 1,2 millones de euros, 331 vehículos y 128 inmuebles, según ha informado hoy el Instituto Armado.

   Los detenidos están acusados de varios delitos contra la Hacienda Pública, de estafa, falsedad documental y organización criminal. Hasta el momento, se han obtenido pruebas e indicios de la participación en los hechos, en mayor o menor grado, de 138 personas físicas y 104 personas jurídicas.

   La red llegó a defraudar más de 5,5 millones de euros a la Hacienda Pública por el Impuesto Especial de Hidrocarburos --a lo que se sumaría la defraudación por determinar en el IVA y otros impuestos-- aprovechando la diferencia de tipos impositivos entre el producto que adquiría y el que vendía a gasolineras y transportistas.

   Las investigaciones, iniciadas en 2011 y realizadas de forma conjunta por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria concluyeron el jueves con una actuación combinada en 24 provincias, con 52 entradas y registros en domicilios de particulares y empresas.

   La trama, compuesta por nueve organizaciones distintas que extendían su actividad por 11 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana), adquiría gasóleo agrícola y de calefacción ('B' y 'C'), que están bonificados fiscalmente, manipulaba el producto resultante para eliminar las sustancias que permiten diferenciarlo a simple vista del gasóleo 'A' y lo mezclaba con otros productos no sujetos al impuesto para abaratar aún más su coste fiscal.

   De esta forma, la trama reducía notablemente sus costes, perjudicando a otros operadores por la competencia desleal y originaba riesgos para los consumidores, dada la baja calidad del carburante.

   La macroorganización estaba formada por organizaciones jerarquizadas y organizadas con mayor o menor autonomía, que alcanzaban a toda la cadena comercial de los hidrocarburos. Así, en la trama intervenían proveedores de hidrocarburos, transportistas, centros clandestinos de transformación y clientes del producto final (estaciones de servicio cómplices y grandes consumidores).

   Además, contaba con una serie de sociedades instrumentales y receptores de facturas falsas. Su papel era fingir la recepción del gasóleo bonificado, justificando con ello el destino legal que teóricamente daba el proveedor a este gasóleo 'B' y 'C'.

   Entre otros activos, la red contaba con una fábrica de biodiesel, 37 titulares de establecimientos dedicados a la producción, distribución y comercialización al por mayor de hidrocarburos; 46 estaciones de servicio, 13 transportistas, nueve posibles centros de transformación y  numerosos receptores de facturas falsas.

HAN PARTICIPADO 750 FUNCIONARIOS

   En la operación han participado 750 funcionarios. Durante los registros efectuados en naves industriales y domicilios sociales de las empresas investigadas, agentes de la Guardia Civil y los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han tomado muestras del gasóleo que comercializaba la trama y han intervenido gran cantidad de documentación en soporte físico e informático para su análisis.

   En la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Illescas (Toledo), ha intervenido el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa, apoyado por personal de todas las Comandancias afectadas, así como de la Agrupación de Reserva y Seguridad y del Servicio Cinológico.

   Por parte de la Agencia Tributaria, la Oficina Nacional de Inspección e Investigación del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, que inició las investigaciones y el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha, han contado con la colaboración de las Unidades de Auditoria Informática del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.