TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Administraciones Públicas, a través de la resolución de 2 de noviembre de 2007, ha creado la Comisión para el estudio y preparación de la futura legislación autonómica de función pública que desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público.
Se trata de analizar en profundidad la situación actual de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para ofrecer un borrador alternativo a la presente legislación que contemple los mejores resultados y alternativas, informó la Junta en nota de prensa.
La Comisión está formada por 11 vocales con formación y experiencia de gran relevancia que les avala como los mejores expertos para llevar a cabo, de la manera más exhaustiva posible, la elaboración de los análisis y los estudios previos a la redacción del borrador.
En este grupo de expertos se encuentran, entre otros, Julia Marchena Navarro, directora de la División de Consultoría, Asesoramiento y Asistencia de Recursos Humanos en el Ministerio de Administraciones Públicas; Miguel Beltrán de Felipe, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y subdirector general de Estudios e Informes en el Ministerio de la Presidencia; Pablo García-Velasco, coordinador de Gestión de Personal en la Consejería de Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha.
Y Inmaculada Fernández Camacho, secretaria general de la Consejería de Educación y Ciencia; Carlos de Blanco, letrado del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha; y Manuel Zafra, anterior director general de Administración Local en el Ministerio de Administraciones Públicas.
Asimismo, el grupo está presidido por Luis Ortega Álvarez, director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha y Catedrático de Derecho Administrativo.
"Nuestro objetivo común y primordial es trabajar en la modernización de la Administración de Castilla-La Mancha. Para ello, es fundamental que la legislación autonómica se ajuste sustancialmente a las necesidades actuales que presenta la función pública de nuestra Comunidad Autónoma", ha afirmado Sonia Lozano.
Los análisis realizados, así como las conclusiones, se presentarán ante la consejera de Administraciones Públicas, Sonia Lozano, en un plazo máximo de seis meses.
