ALBACETE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
Bajo el lema 'Nuevos retos ante la crisis', a lo largo de mañana y pasado un centenar de socios de Jueces para la Democracia, que cuenta con 530 asociados en todo el país, se darán cita en el Congreso Anual que acoge Albacete este año.
"Vamos a debatir una serie de propuestas que provienen de las distintas comisiones delegadas", ha comentado en rueda de prensa el portavoz nacional de esta asociación judicial, José Luis Ramírez, y se harán públicas cuando sean aprobadas.
Sobre los principales retos ante la crisis, Ramírez ha señalado que son varios pero que "para ejercer una función jurisdiccional correcta y que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía, precisamos de una infraestructura adecuada y unos medios que posibiliten el ejercicio de nuestra función".
Además de esa situación generalizada de falta de medios "que hemos puesto de manifiesto otras veces", el portavoz ha concretado que se abordarán otros aspectos como, por ejemplo, "qué se puede hacer, en el orden del Derecho Civil, en una situación de crisis financiera donde los ciudadanos, que no la han provocado, se ven abocados a irse a la calle porque no pueden abonar el importe del préstamo hipotecario".
También se hablará de "las reformas que se han suscitado en el ámbito social en materia de negociación colectiva, o de mercado laboral o de pensiones". Todas estas situaciones, ha dicho Ramírez, se traducen en toda una serie de propuestas que van a analizar y debatir en este Congreso.
LAS PROPUESTAS
De esta forma, ha avanzado que, en el ámbito del Derecho Privado, "sostenemos la necesidad urgente de regular el sobreendeudamiento familiar" que implicaría la protección a las personas, que se impida la concesión abusiva de créditos por parte de las entidades bancarias y que se pongan límites a esos créditos a particulares.
Igualmente, proponen que se distinga el régimen de deudores de buena fe de aquellos que no lo son o que se establezcan moratorias o pagos aplazados a quienes no puedan hacerles frente.
"También proponemos una reforma de la legislación en materia de ejecución hipotecaria y del proceso civil" para que el deudor de buena fe que no pueda pagar una hipoteca, que mediante la entrega de la casa "lo que se conoce como la entrega de las llaves, quede liberado del pago de la deuda".
Asimismo, desde Jueces para la Democracia consideran que "es oportuno modificar el proceso de ejecución porque actualmente, cuando se adjudica una vivienda, las entidades bancarias la pueden adjudicar por un importe inferior al valor de tasación", y desde la asociación defienden "que la reforma implique que esa adjudicación no sea por el 70% del valor de tasación".
Con todo ello, proponen una reforma del sistema de subasta. "No entendemos cómo, con los sistemas telemáticos que existen, sigue anclada en un sistema muy oscuro, a través de edictos, y no contribuye para nada a clarificar el procedimiento".
REGULACIÓN MÁS COMPLETA
En el ámbito del Derecho Penal proponen, entre sus reformas, que se cree una regulación más completa para evitar las lagunas y que una causa, por simple que sea, se extienda en el tiempo.
"Según las informaciones que nos han llegado hoy, la reforma que se pretendía por parte del Gobierno, que era de carácter parcial y lo consideramos un parche pero era mejor que lo que tenemos, no va a llegar a buen puerto, parece que ha habido presiones por parte de la Fiscalía para que no saliera adelante y nos parece una mala noticia porque lo que no se puede cuestionar es la legitimidad del CGPJ y de las asociaciones judiciales para proponer reformas".
En su opinión, el Ministerio Fiscal "es una institución muy valiosa pero no tiene el monopolio de la verdad sobre cuáles han de ser las líneas directrices del Derecho Procesal Penal y, en ese sentido, "creemos que se ha pedido una oportunidad".
Respecto a las reformas en este ámbito, abogan por abordar una reforma integral del mismo "que pase por un principio de intervención mínima" que sólo intervenga en las conductas más graves; que no se use el derecho Penal "como un instrumento de hacer política social, porque lo único que genera son bolsas de exclusión, pobreza y marginalidad".
También piden que se regule el derecho a un juicio "en un plazo razonable" e introducir la mediación, como ocurre en el Derecho Comparado. "Se debe regular la posición del acusado en el proceso, cómo ha de declarar en el juicio oral, la posición en sala" o "evitar demoras en la tramitación" para agilizar los juicios orales, entre otras cuestiones. Además, "no puede ser que la fase de investigación se haya convertido en una especie de urna de cristal" por lo que la asociación reclama también que se regule la publicidad en el proceso penal.
DESACUERDO CON LAS REFORMAS DEL GOBIERNO
En el Derecho Laboral, cuestiona "muy críticamente" las sucesivas reformas que se han ido produciendo, y que lo único que ha provocado "es una precarización de la situación del trabajador y un abaratamiento de los costes del despido" que no se ha traducido en una mejora del mercado de trabajo, ha afirmado.
"Vemos muy negativamente la propuesta de la patronal de suprimir la ultraactividad en el ámbito de la negociación colectiva porque abocará en una situación de desregularización en la que quien resulta perjudicada es la parte más débil, es decir, los trabajadores". Todo esto revela "una incapacidad para hacer política real".
