MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS)
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reiteró hoy que la decisión sobre la competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), recogida en la propuesta de reforma del Estatuto de Andalucía, está en estos momentos "en manos" del Congreso, aunque aseguró que ninguna reforma estatutaria "blindará" los derechos de los ciudadanos de toda una cuenca.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, Narbona explicó que "ahora es el tiempo de las enmiendas en el Congreso de los Diputados" y se remitió a las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate de toma en consideración de la propuesta de reforma el pasado día 23 de mayo, donde dejó claro que el Grupo Socialista "va a esforzarse especialmente" en alcanzar una redacción de los preceptos en materia de aguas y cuencas hidrográficas que permita a la Junta de Andalucía participar mejor y más efectivamente en la política de gestión y uso del agua en su territorio, pero que también mantenga las capacidades de intervención del Estado como garante de los intereses generales.
La ministra defendió además que es "totalmente falso" que la reforma del Estatut de Cataluña "blinde el Ebro". "No hay ningún blindaje en estos momentos en ningún Estatuto de Autonomía y, respecto a las grandes decisiones que afectan al conjunto de las cuencas y que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos de toda la cuenca, no habrá ningún blindaje tampoco en el futuro", subrayó.
REFORMA CONFEDERACIONES
Narbona explicó que "la función del Gobierno" en estos momentos es la de la reforma de las confederaciones hidrográficas y anunció que el Ejecutivo "ya tiene muy avanzado el borrador de esta reforma", en el que habrá "un espacio para que sean compatibles la defensa de los intereses del conjunto de los ciudadanos de una cuenca que pertenezca a más de una comunidad autónoma con las funciones ejecutivas que puedan encomendarse a una comunidad específica".
En este sentido, reiteró que "el trabajo" del Gobierno es el de "crear un marco de profunda reforma" de las confederaciones hidrográficas en el que "se atiendan los derechos de todos los ciudadanos de una cuenca y, al mismo tiempo, se dé cabida a una mayor corresponsabilización de las comunidades en la gestión del agua", lo que consideró "un principio extraordinariamente positivo e importante".