TOLEDO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Villacañas sigue dando pasos para reclamar, a quien considera responsable, la asunción de los costes económicos que tienen para los ayuntamientos los despidos de trabajadores que se están teniendo que producir como consecuencia directa de la supresión o reducción de la financiación de los servicios sociales por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, el primer paso lo dio hace varias semanas, solicitado a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP) la adopción de las acciones oportunas para acordar con el Gobierno regional mecanismos compensatorios para resarcir a los ayuntamientos de las consecuencias que los recortes están teniendo para los ciudadanos y para las propias entidades locales, como es el caso de las indemnizaciones que están teniendo que asumir los ayuntamientos por los despidos producidos a causa de una decisión tomada unilateralmente por la Junta.
Ahora, esa petición se trasladará directamente a la Junta tras un acuerdo plenario, que reclama a la administración regional las cantidades derivadas de los despidos de trabajadores que el Ayuntamiento se ha visto obligado a hacer como consecuencia de la supresión o reducción de algunos servicios sociales.
Según explica la portavoz socialista, Ana Mendoza, estas medias de ajuste "son consecuencia directa de las decisiones de la Junta de Comunidades en su ámbito competencial". Hasta el momento, los recortes han tenido como consecuencia directa la rescisión de 11 contratos, que han supuesto unas indemnizaciones de más de 22.500 euros, se añade en la nota.
Este acuerdo del Pleno del Ayuntamiento se adoptó con el apoyo de los grupos municipales de PSOE e IU, mientras que el PP se posicionó en contra.
El alcalde, Santiago García Aranda, recordaba durante la sesión que las competencias en materia de asistencia social y servicios sociales, según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, son exclusivamente de la Junta de Comunidades, aunque en su financiación aportan fondos las comunidades autónomas, el Estado y los ayuntamientos, concluye.
