El PP en la Diputación de Cuenca critica que se están "violando" los derechos de los trabajadores

CUENCA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en la Diputación de Cuenca ha lamentado que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha haya dictado varias sentencias contrarias a la Diputación en materia de personal. Según el Tribunal, la institución deberá prorrogar la jubilación de varios funcionarios a quienes se les denegó mantenerse en activo después de los 65 años.

En rueda de prensa, el diputado popular, Ángel Mariscal, ha criticado que el presidente de la Diputación, Juan Ávila, "ha violado el derecho de tres funcionarios, como es el derecho a prolongar su vida laboral más allá de los 65 años".

Asimismo, ha lamentado que "más allá de los afectados existe un colectivo muy numeroso de empleados públicos que están en torno a los 65 años que con la iniciativa de Juan Ávila, habían visto una agresión o un intento de perjudicar sus expectativas laborales y económicas".

Además, Mariscal ha anunciado que aparte de las dos sentencias dictadas en los últimos meses queda pendiente una tercera de otro funcionario que solicitó la prórroga en la jubilación y le fue denegada.

Según el 'popular', este funcionario no se ha mantenido en su puesto de trabajo a lo largo del procedimiento y además, ha solicitado una indemnización por "daños morales". Así, alerta Mariscal, la institución provincial tendrá que abonarle los salarios de este periodo más la indemnización.

PSOE

La responsable del área de personal en la Diputación provincial, Julia Parreño, ha rechazado en declaraciones a Europa Press, que la institución haya vulnerado los derechos de los trabajadores al denegar la prórroga en la jubilación a tres funcionarios. Ha explicado que según un acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores en la Diputación y aprobado por unanimidad en un pleno, se establecía la jubilación forzosa a los 65 años, para dar paso a nuevos empleados y fomentar el empleo joven.

Parreño ha reconocido que según el Estatuto del Funcionario Público, la edad de jubilación es de 65 años pero ha señalado que al no haberse desarrollado y regulado este estatuto, no puede tenerse en cuenta.

Parreño ha destacado que el Tribunal Superior de Justicia considera que el recurso de la Diputación es "comprensible" y por eso no le condena a pagar las costas del proceso.

Por último, ha señalado que los dos trabajadores afectados por las sentencias ya firmes han permanecido durante todo el proceso en su puesto de trabajo. Ha remarcado también, respecto al tercer trabajador afectado por el caso, que esperó un año para recurrir la decisión de la institución por la que le denegaba seguir trabajando hasta los 70 y además, no ha solicitado la reincorporación a su puesto de trabajo en el tiempo que ha durado el procedimiento.