TOLEDO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 26 millones de euros dedicado a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros de programas de personas con discapacidad.
Este gasto irá destinado a decenas de asociaciones castellano-manchegas que prestan sus servicios a través de más de 1.300 trabajadores para cubrir más de 2.000 plazas asistenciales.
Además, se autorizan 12 millones de euros para prorrogar 19 contratos de conciertos con residencias de mayores para atender a más de 4.116 personas en un total de 114 centros.
El Consejo de Gobierno de la región, reunido este jueves, ha aprobado además en materia social la convocatoria de ayudas para el desarrollo de servicios y programas de atención a la infancia relacionadas con la violencia familiar.
Estas ayudas, por valor de más de dos millones de euros, pueden beneficiar a cerca de 1.300 menores de edad y a más de 2.400 familiares. Servirán para habilitar espacios de encuentro familiar para que los progenitores no custodios puedan afrontar el régimen de visitas o sufragar programas en centros de mediación familiar.
Además, se aprueban ayudas para jóvenes afectados por medidas de protección judicial, "para aquellos menores que hayan estado en contacto con la justicia y necesiten programas sociales especiales", ha explicado Echániz.
860.000 EUROS PARA CONTRATACIÓN DE DISCAPACITADOS
Por último, en el ámbito social, el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 860.000 euros para fomentar la contratación de personas con discapacidad por parte de empresas privadas.
Este dinero irá destinado a incentivar esta contratación indefinida o la transformación de contratos a indefinidos, y se podrá sufragar desde 3.907 euros por cada contratación y un complemento de hasta 2.200 euros en cada caso atendiendo a criterios como el sexo, la edad o el grado de discapacidad del beneficiado.
Un total de 230.000 euros de esta partida irán destinados a entidades sin ánimo de lucro y el resto a empresas privadas que se animen a contratar a personas con algún tipo de discapacidad, y tal y como ha explicado el consejero, en 2012 se contrataron a cerca de 2.058 discapacitados.