Tribunales.- Admitida a trámite la querella del Centro Jurídico Tomás Moro contra Felpeto, según HazteOir.org

TOLEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

HazteOir.org informó hoy de que ha sido admitida a trámite la querella del Centro Jurídico Tomás Moro contra el delegado anterior de Educación de la Consejería de Educación castellano-manchega, Ángel Felpeto, con lo que considera que la Justicia "vuelve a amparar a los padres frente a la imposición de Educación para la Ciudadanía".

En un comunicado remitido a Europa Press, la plataforma relata que el Centro Jurídico Tomás Moro, a raíz de la nota interior emitida por Felpeto, por la que ordenaba a todos los Centros Educativos a no evaluar a los alumnos que objetaran en conciencia a cursar Educación para la Ciudadanía, presentó con fecha 8 de junio una querella que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 4 de Toledo.

"La Justicia vuelve a amparar el derecho constitucional de los padres frente a los intentos de amedrentar a los objetores por parte de quienes tratan de imponer un adoctrinamiento ideológico en las escuelas, violando el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos", argumenta.

Por tal motivo el Centro Jurídico Tomás Moro tomó la decisión de defender a aquellos padres que objetaran y tuviera problemas administrativo por el ejercicio de tal derecho y de presentar cualquier tipo de iniciativa jurídica tendente a su defensa.

En el ejercicio de esta decisión este Centro Presentó una querella contra el Delegado Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, que pretende formar a todos los Centros Educativos a que impidan el ejercicio constitucional a la objeción de conciencia.

Tal imposición supone, según interpreta, la comisión del delito contemplado en el artículo 542 del Código Penal, que pena con inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de entre uno y cuatro años a la autoridad o funcionario que impidiere el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por la Constitución.

De hecho, el presidente de este centro, Javier Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna, muestra públicamente su satisfacción porque "al fin los Juzgados y Tribunales se decidan a defender los derechos de todos los españoles, ya que la imposición de la Educación para la Ciudadanía es un retroceso social de efectos incalculables, por cuanto supone la introducción en las aulas de un adoctrinamiento político propio sólo de regímenes totalitarios e incompatible con nuestra propia Constitución".

Igualmente felicita a los padres que con su objeción están haciendo posible la defensa de nuestras libertades. "Algún día la sociedad reconocerá el valor de estos padres que con su sacrificio personal están defendiendo la libertad de todos".