TOLEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado Contencioso-Administrativo Número 2 de Toledo ha condenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), por iniciativa de los servicios jurídicos del Defensor del Paciente, a pagar la cantidad de 120.000 euros más los intereses legales, a una mujer de 63 años, por error de diagnóstico de cáncer de mama.
Según la sentencia facilitada a Europa Press por la asociación, A. B. O., de 63 años de edad y con antecedentes familiares de cáncer de mama --el fallecimiento de su hermana--, tras acudir periódicamente a revisiones, primero en Madrid, luego en Ciudad Real y finalmente en Puertollano, a principios de enero de 2003 comenzó a sentir pinchazos en el pecho izquierdo por lo que solicitó revisión en su Hospital de referencia, siendo citada para finales de mayo de ese mismo año.
Al considerar excesivo el tiempo de espera, acudió a la consulta del Jefe de Planta y Ginecólogo del Hospital de Santa Bárbara de Puertollano (Ciudad Real). Allí, tras realizarle citología y ecografía, el especialista entiende que el resultado es normal, y no cita a la paciente para la realización de prueba de mamografía.
Esta prueba no se le realiza en el Hospital de Puertollano hasta el 27 de mayo de 2003, cuando se le informa a la paciente de que el pezón derecho tenía tendencia a retrotraerse.
Tras ello, "sin examinar las pruebas diagnósticas y a la vista del Informe de Radiología que establecía que todo era normal", le comunican que no tenía nada grave y que no se podía repetir la prueba de mamografía hasta el mes de agosto.
Ante la intranquilidad de la afectada y por motivos de amistad con otra radióloga de dicho Hospital le es realizada una nueva ecografía y mamografía donde es descubierta una importante tumoración mamaria. Con fecha 16 de junio de 2003 se redacta el informe de biopsia donde se establece la existencia de: "carcinoma ductal infiltrante grado II con la necesidad de realizar mastectomía radical + linfadenectomía".
Tras los hechos se inicio procedimiento administrativo reclamando la responsabilidad patrimonial del SESCAM, siendo la fecha de la sentencia el pasado tres de abril.
La defensa de los intereses de la paciente ha sido llevada a cabo por el Letrado Antonio Navarro Rubio, especialista en derecho sanitario y adscrito a los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente.
