TOLEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS)
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se concentró hoy en la plaza de Zocodover, en Toledo, para repartir ajos, cebollas y brócoli entre los ciudadanos con el objetivo de exigir al Gobierno que tome medidas y elimine las actuales diferencias de precios entre lo que recibe el agricultor por sus productos y el precio final que pagan los consumidores para "poner coto a tanta especulación y a tanto despropósito".
"Cada vez más las grandes superficies comerciales, los intermediarios se han metido en una dinámica de especulación y lo que hacen es apretar a los precios a los agricultores para que cuanto menos mejor y luego al consumidor sacarle cuanto más pueden mejor", declaró a los medios el secretario general de UPA en Castilla-La Mancha, Cristóbal Torres.
Según explicó, los agricultores y los consumidores son los "eslabones débiles" en la cadena de distribución, ya que el precio que reciben los primeros no cubren los costes de producción y, a pesar de las tradicionales crisis del sector, que llevan incluso a no poder recolectar los alimentos, esto no varía los precios y los consumidores siguen pagando los precios como si no hubiese crisis en el sector, mientras que anteriormente cuando esto ocurría los clientes siempre tenían ofertas.
"Lo que queremos es con este acto exigirle al Gobierno de España que empiece a tomar medidas", afirmó el secretario de UPA, que señaló que aunque se creó hace unos años el Observatorio de Precios "por desgracia a lo único que se dedican es a observar", y señaló la necesidad de establecer medidas legislativas y presentar con rapidez en el Parlamento una Ley de Márgenes Comerciales.
Asimismo, UPA exige un doble etiquetado donde se refleje el precio de origen y el final de estos productos para que "sea visible" las diferencias entre los 28 céntimos que recibe el agricultor por el tomate y el 618 por ciento más que paga el comprador, los 28 céntimos por las naranjas y el 700 por ciento más del precio final o el euro que se paga por los ajos y los casi 5 euros finales en los establecimientos cuando "lo único que hace la gran superficie es recibirlo y ponerlo en las estanterías", señaló Torres.
Esta organización también pidió una investigación por parte del Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía, que "empiece a investigar lo que está ocurriendo en todo este proceso de comercialización de productos donde unas grandes empresas comercializadoras y distribuidoras se están dedicando a especular" y que el Gobierno tome medidas "de forma inmediata".
"Esto no se puede mantener por más tiempo, el Gobierno tiene que actuar, es su responsabilidad, y desde luego lo que esperamos es que se haga", afirmó Torres, quien agregó que si no responden a sus peticiones "tendremos que pasar de regalar productos a otro tipo de medidas".
