Los acusados de crear un entramado de empresas para defraudar a la TGSS llegan a un principio de acuerdo

VALLADOLID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de hora y media se han dilatado este lunes las negociaciones para alcanzar un principio de acuerdo entre la Fiscalía de Valladolid, el letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social y las defensas de las cuatro personas acusadas de crear un entramado de empresas de servicios agrícolas que defraudaron al fisco más de 100.000 euros.

Aunque las partes tienen prácticamente ultimado ese acuerdo, consistente en penas que permitan a los encausados esquivar su ingreso en prisión siempre y cuando devuelvan a la TSGSS del dinero defraudado mediante pagos mensuales durante un lustro, la vista de conformidad no ha llegado a celebrarse ante la incomparecencia no justificada de una de las implicadas, Florenta V, de ahí que la Audiencia de Valladolid se haya visto obligada a suspender el juicio y a señalar una nueva fecha para el 16 de abril, al objeto de sellar ese día el acuerdo.

Y es que durante la breve vista, inconclusa, celebrada este lunes en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, tan sólo se han sentado en el banquillo Marina R. y Marian L, ya que el principal inculpado, Florinel M.C, lo ha hecho por videoconferencia desde Alemania y la cuarta persona encausada, Florenta V, ni ha comparecido ni tampoco ha justificado su ausencia, a pesar de que había sido citada en forma, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Salvo complicaciones de última hora, todo apunta que el próximo día 16 de abril los cuatro acusados, bien de forma presencial o por vía telemática si fuera preciso, darán el sí definitivo a las penas pactadas y forma de pago para satisfacer la deuda contraída con la TGSS.

Los acusados, Florinel M.C. y los otros tres a los que éste puso al frente de las distintas mercantiles creadas, Marian L, Florenta V. y Marina R, se encuentran imputados por un delito de fraude a la Seguridad Social y, además, el cabecilla deberá responder a mayores por otro delito de falsedad en documento oficial, de ahí que inicialmente el primero se expusiera a una pena global de seis años y medio de prisión y multa de 303.600 euros y los otros tres a tres años y nueve meses y 300.000 euros. Dichas penas, sin embargo, quedarán rebajadas con el nuevo acuerdo.

Las acusaciones sostienen que Florinel M.C, quien venía prestando trabajos agrícolas de recolección de uva para diversos agricultores, urdió, al menos desde mayo de 2018, un plan encaminado a defraudar al fisco al generar con él una deuda a la que no pensaba hacer frente.

Para tal fin, creó sucesivas empresas individuales, con similar plantilla y actividad, y puso al frente de ellas al resto de los acusados, a los que daba de alta como autónomos y empresarios individuales, evitando así aparecer como deudor pese a que, de facto, seguía siendo el administrador de las distintas mercantiles. Una vez que estas empresas iban acumulando deudas, procedía al cierre de las mismas y continuaba con la actividad mediante la constitución de otras sociedades, estrategia en la que llegó a acumular hasta mayo de 2021 una deuda con la Seguridad Social que se eleva a 105.719,09 euros.

Además, el fiscal del caso sostiene que Florinel M.C, bien por sí mismo o a través de una tercera, elaboró durante el periodo investigado una serie de documentos falsos, al manipular las fechas concretas de inicio de la relación laboral que en ellos figuraba y las huellas digitales, tal y como pudo comprobarse tanto por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social como por el Servicio Público de Empleo.