PALENCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La puesta en marcha de la administración electrónica del Servicios de Asistencia a Municipios de la Diputación de Palencia, en 2016, ha sido es el mayor hito durante la actual legislatura, como así han manifestado este viernes la presidenta de la Institución Provincial, Ángeles Armisén, y el responsable del SAM, Adolfo Palacios.
El Servicio de Asistencia a Municipios tiene la misión de llevar a cabo actuaciones tan dispares como el asesoramiento jurídico, económico financiero, informático, urbanístico y de administración general.
Así, durante estos últimos cuatro años se han atendido alrededor de 18.000 consultas presenciales, telefónicas, por vía electrónica o por control remoto, de las cuales 4.469 fueron el año pasado.
También se informa por escrito sobre expedientes urbanísticos (550 anuales) y jurídicos de carácter general (50 anuales). A lo largo de estos cuatro años el SAM ha tramitado más de 2.000 expedientes urbanísticos y unos 200 de carácter jurídico.
Otra de las tareas clave es hacer llegar circulares informativas a los ayuntamientos de la provincia. Este pasado 2018 fueron un total de 29 y cerca de 90 las notificaciones remitidas durante la última legislatura.
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Como novedad en esta legislatura, desde 2016 se ha puesto en marcha la administración electrónica, una normativa que obliga a los ayuntamientos a la gestión electrónica de los expedientes y relación con los administrados.
Para ello, el SAM coopera con los municipios para implantar esta necesidad gestora en nuestros ayuntamientos. Por un lado, se implantó una plataforma para gestionar el procedimiento administrativo para los 190 Ayuntamientos de la provincia.
En 2019 se ha licitado de nuevo el contrato para la prestación de este Servicio en el que se ha dado cabida a las Mancomunidades de la provincia, con un presupuesto bianual de 403.349,00 euros.
En cuanto al Asesoramiento Urbanísitico, el Servicio emite más de 500 informes urbanísticos, documentos que se llevan a cabo a petición de los ayuntamientos, sustituyendo en gran medida la carencia de personal técnico que pueda desempeñar las funciones de asesoramiento preceptivo.
A esto hay que sumar las actividades relacionadas con la formación, como la Escuela de Alcaldes, la adaptación para la Ley de Protección de Datos o la elaboración de inventarios.
