Alianza entre Junta y Fiscalía contra el aumento exponencial de agresiones a sanitarios de Castilla y León

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VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad y la Fiscalía Superior de Castilla y León han reforzado este martes públicamente su 'alianza' para prevenir y erradicar los casos de agresiones de pacientes al personal sanitario en la Comunidad, una "lacra", como así han lamentado los máximos responsables de ambas entidades, Alejandro Vázquez y Santiago Mena, respectivamente, que ha aumentado de forma "exponencial".

De hecho, la situación ha sido objeto de análisis esta mañana en la sede de la Consejería de Sanidad, en Valladolid, en el transcurso de una jornada de prevención y respuesta ante agresiones a profesionales sanitarios, organizada por dicho departamento y la Fiscalía Superior de Castilla y León que ha estado dirigida a la Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, a los responsables de las gerencias periféricas en cada provincia del Sacyl y al personal encargado de tramitar las denuncias correspondientes.

"Se trata de un problema que preocupa mucho, el de las agresiones al personal sanitario", ha declarado el consejero del ramo, Alejandro Vázquez, quien por ello, además de la presente jornada, ha anunciado, en declaraciones recogidas por Europa Press, la próxima celebración de cursos de formación para los profesionales del Sacyl en cada una de las provincias, con la participación de las fiscalías de cada una de ellas, y la mejora de los canales de comunicación con la acusación pública mediante un nuevo protocolo para agilizar las denuncias contra este "lacra", ha insistido.

DENUNCIAR "SÍ SIRVE"

El objetivo, ha resumido el Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, es facilitar la denuncia en casos de agresiones al personal sanitario y de que los profesionales, médicos, enfermeras y personal administrativo, llegue a la convicción de que su denuncia "sí sirve", ha advertido el acusador público en alusión a que ese crecimiento exponencial de agresiones no es tanto de los casos que sí se denuncian sino de los que no llegan a denunciarse.

"Lo que parece más llamativo son los casos graves de agresión, que son pocos, pero lo que perturba más a los profesionales son otros de menor entidad que se producen en el día a día y que no se denuncian, al igual de lo que ocurre en el ámbito de la violencia de género. Insisto, hay que hacerles ver que es preciso denunciar esos casos menos graves también", ha advertido Mena, quien, pese a que ha declinado facilitar datos de denuncias hasta que sea publicada la Memoria Fiscal tras el verano, sí ha anticipado que en Castilla y León no superan la veintena.

En este intento de erradicar los casos de agresión se incardina igualmente la necesidad de que la sociedad en general se conciencie de la repercusión penal que pueden tener, con penas aparejadas de hasta cuatro años y seis meses de cárcel por delitos de lesiones graves y atentado a la autoridad, ya que el personal sanitario goza de una especial protección en el Código Penal al tratarse de funcionario público.

LA MAYORÍA DE LAS VÍCTIMAS, MUJERES

El Fiscal Superior de Castilla y León también ha aportado como dato a tener en cuenta el hecho de que la mayoría de las víctimas de este tipo de agresiones son mujeres, cerca del 80 por ciento del personal sanitario afectado, y que la mayor parte de los casos se produce en Atención Primaria, seguida de Urgencias y también en Administración, al tiempo que ha insistido en la grave alteración en el normal funcionamiento del servicio sanitario que supone un caso de este tipo.

"El desasosiego que provocan el insulto, la amenaza, el maltrato, la agresión...es tal que los efectos se dejan notar también en los pacientes que acuden a una consulta a ser atendidos donde poco antes su médico ha sufrido un caso de este tipo", ha apuntado Mena, quien ha abogado por comenzar a activar la adopción de medidas de alejamiento e incomunicación para que un paciente que ha agredido a un profesional no pueda acercarse a él ni a su centro de salud como medida de prevención.

"A los jueces y fiscales nos coarta un poco adoptar esta serie de medidas porque incluso en esos casos el agresor tiene derecho a recibir asistencia sanitaria, que es un derecho recogido en la Constitución, aunque también es cierto que se puede garantizar ese derecho estableciendo que acuda a otro médico y en otro centro de salud. Se puede y se debe hacer en determinados casos, dentro de los parámetros legales, para que los agresores vean que sus actos no les van a salir gratis", ha sentenciado el acusador público.

La situación será de nuevo objeto de análisis con motivo de la celebración del Observatorio de Agresiones al Personal de Sacyl que Vázquez ha anunciado que se reunirá en la segunda semana del próximo mes de julio.