Ana Sacristán, nueva responsable de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de los Juzgados de Soria

SORIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ana Sacristán se ha convertido en la nueva responsable de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD) de los juzgados de Soria, y sustituye a Teresa Aparicio de Juan, quien se jubiló tras doce años al frente de la oficina.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha recibido este martes a Sacristán, en una reunión junto a la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, María Teresa Lerma, así como a la responsable saliente de la oficina, Teresa Aparicio.

Ana Sacristán, nacida en Soria, es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y cuenta con más de 24 años de experiencia como gestora procesal, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Sacristán ha desempeñado su labor en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Bergara (Guipuzcoa), el de Almazán, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Soria y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria.

"Asumo el puesto con respeto y comprometiendo mi trabajo y mi esfuerzo para que siga funcionando como hasta ahora", ha señalado.

12 AÑOS EN EL CARGO

Por su parte, Teresa Aparicio inició su carrera profesional hace 42 años, para tomar posesión de su plaza en San Sebastián el 8 de marzo de 1983. Cinco años después regresó a Soria, donde ha trabajado en los Juzgados de Instrucción (Penal), pasando diez años en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Durante los últimos doce años ha estado al frente de la OAVD, puesto que ella misma define como "disciplinar", donde ha combinado funciones de gestora, asesora, trabajadora social, confidente y "un poco o mucho de psicóloga".

OAVD

La Oficina de Atención a las Víctimas del Delito es un servicio público y gratuito del Ministerio de Justicia que ofrece información, asesoramiento y acompañamiento a las víctimas de delitos, así como coordinación con recursos sociales, sanitarios y policiales.

Su objetivo es garantizar la protección integral y el apoyo emocional y jurídico durante todo el proceso judicial, prestando especial atención a las víctimas de violencia de género, violencia sexual y otros delitos graves.