SALAMANCA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de un año y once meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Salamanca a una mujer como autora de un delito de estafa mediante el uso de la tarjeta bancaria de una anciana de 97 años a la que cuidaba y a la que estafó más de 3.000 euros.
La Sala ha considerado acreditado que la acusada aprovechó que conocía el PIN y tenía acceso a la tarjeta de una anciana de 97 años a la que cuidaba y que realizó sin su consentimiento diversos reintegros en cajeros de un banco entre mayo y julio de 2022 por un importe total de 3.320 euros.
Esta cantidad deberá devolverla a los herederos de la víctima, tal y como se subraya en la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
El Tribunal ha rechazado que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de la cuidadora y ha avalado la valoración de la prueba realizada en primera instancia, sustentada en testimonios, documentos y grabaciones de audio, al concluir que existen indicios suficientes para atribuirle las extracciones de dinero.
Según los hechos probados, la acusada trabajaba como cuidadora de la anciana entre 2021 y 2022 y, debido a esa relación laboral, conocía el número PIN de la tarjeta de la mujer y tenía acceso habitual a ella.
El tribunal considera acreditado que utilizó la tarjeta sin consentimiento de su titular para efectuar diversas extracciones de efectivo en cajeros de Salamanca y se apropió posteriormente de las cantidades retiradas.
La defensa ha recurrido la condena al alegar vulneración del derecho a la presunción de inocencia y errores en la valoración de la prueba, al no existir grabaciones de los cajeros ni pruebas directas que identificaran a la acusada como autora de las operaciones.
Sin embargo, el TSJCyL concluye que existen indicios suficientes para sostener la condena. Entre esos indicios figuran los testimonios de varios testigos, el hecho de que la cuidadora conociera el PIN y utilizara habitualmente la tarjeta de la anciana, así como diversas grabaciones de audio en las que la propia acusada reconocía haber realizado reintegros con la tarjeta, aunque afirmó que lo hizo con autorización de la víctima.
Los magistrados consideran inverosímil esa explicación y destacan que la acusada negó posteriormente en el juicio haber efectuado extracción alguna.
La resolución también subraya que la Audiencia Provincial descartó otras sospechas relativas a retiradas de cantidades más elevadas al no existir pruebas suficientes, lo que, según el TSJCyL, demostró una valoración rigurosa de la prueba y un respeto escrupuloso al principio de presunción de inocencia.
Con esta decisión, el alto tribunal autonómico desestima íntegramente el recurso de apelación y confirma todos los pronunciamientos de la sentencia dictada en Salamanca.
