Consideran ilegal que hayan sido convocados por la actual Junta de Gobierno, salida de unas elecciones anuladas por la Justicia
VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
Aspirantes a ocupar la máxima representación de los psicólogos en Castilla y León han solicitado al Consejo General de la Piscología de España que pilote y vele por la "transparencia" de las elecciones fijadas para el día 8 de mayo, máxime cuando las mismas han sido convocadas por la actual Junta de Gobierno salida en 2018 de un proceso electoral que acaba de ser anulado por la Justicia.
Si el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid ya declaró nulo aquel proceso en sentencia ratificada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, quienes entonces recurrieron por ilegal dichas elecciones, con María Jesús Irurtia a la cabeza, mucho se temen que ahora el decano, Jaime Gutiérrez, y su equipo, obligados a celebrar nuevos comicios, recurran a algún otro ardid para asegurarse que su candidatura es la única y puedan perpetuarse en el cargo.
Irurtia, en declaraciones a Europa Press, recuerda que desde hace más de treinta años, primero con el anterior decano, Eduardo Montes, y ahora con su delfín, Jaime Gutiérrez, integrante de la Junta de Gobierno desde hace más de dos décadas, no se han podido celebrar comicios con más de una candidatura porque las de los nuevos aspirantes siempre han quedado apartadas del proceso por "supuestas anomalías".
Es el caso de las elecciones de 2018, anuladas en primera y segunda instancia por la Justicia por vulneración de los derechos de los colegiados, con lo que Irurtia, dispuesta a encabezar una candidatura alternativa junto con Miguel Pérez Fernández y Lucas Burgueño, urge la mediación del Consejo General de la Psicología en España para garantizar un proceso democrático.
"Tras la última sentencia teníamos esperanzas, pero nos encontramos con la surrealista situación de que la Junta de Gobierno, elegida en un proceso nulo, es la que convoca nuevas elecciones, y lo hace un viernes por la tarde, con el colegio ya cerrado y dando un plazo de tres días para que los colegiados comprueben si figuran o no en el censo", se queja Irurtia, quien confiesa que a estas horas desconoce si su nombre y el de sus compañeros figuran inscritos en el censo.
Los promotores de esta candidatura alternativa, cuya defensa en los dos procesos judiciales ha sido ejercida por María Jesús Viñas, se quejan igualmente del "uso partidista de la institución" por parte del anterior decano y de su sucesor, en referencia a que en 2018, en pleno periodo electoral, convocaron más de cuarenta actos y ahora ocho de cara a las nuevas elecciones.
Irurtia y sus compañeros de candidatura, que temen una anulación de avales como la que les impidió hace dos años presentarse al proceso o "alguna otra estratagema", abogan, entre otras propuestas, por reducir a la mitad las cuotas colegiales en un intento por que el Copcyl sea "una ayuda para los colegiados y no un abuso", así como limitar a un máximo de dos legislaturas el mandato de la Junta de Gobierno "para que el colegio no sea el chiringuito de unos pocos", además de fortalecer la deontología y la calidad en la actuación de la profesión.
Critican también la "opacidad" del actual equipo de gobierno, ya que se desconoce la situación económica de la organización colegial y tampoco se sabe el importe de las nóminas de los trabajadores ni lo que perciben los integrantes de la Junta de Gobierno.
