La Audiencia de Burgos condena a 11 años de cárcel a un hombre por depósito de explosivos y tráfico de drogas

BURGOS 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a un hombre, identificado como A.C.R, a una pena global de once años de cárcel y una multa de 600.000 euros por un delito de depósito de explosivos o sustancias inflamables e incendiarias y por otro de tráfico de drogas, en la modalidad de notoria importancia, a razón de cuatro años por el primero y otros siete por el segundo.

Los hechos han quedado probados tras una investigación de la Guardia Civil que se inició al sospecharse de que el acusado fabricaba artificios pirotécnicos sin autorización. En marzo de 2024, los agentes interceptaron su vehículo en la autovía A-1, a la altura de Lerma, donde localizaron seis kilogramos de 'speed' ocultos bajo los asientos traseros.

Posteriormente, los registros realizados en sus inmuebles permitieron decomisar más de 25 kilos de diversas drogas con un valor de mercado superior a los 398.000 euros.

En el ámbito de los explosivos, la fuerza actuante intervino una gran cantidad de sustancias químicas restringidas y reguladas, como perclorato potásico, ácido sulfúrico y nitrato de sodio. También fueron localizados polvos de aluminio, magnesio y acetona, componentes que pueden ser utilizados para la obtención de mezclas de alta peligrosidad como el TATP, conocido como 'madre de Satán'.

El tribunal, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press, incide en que el acusado contaba con material de laboratorio especializado para realizar estas reacciones químicas. Además de los precursores, el acusado almacenaba 91 metros de mecha y más de un kilogramo de pólvoras terminadas, catalogadas como objetos explosivos.

Durante el juicio, el procesado negó los hechos, pero la Sala ha considerado acreditada su culpabilidad basándose en las vigilancias operativas y en los envíos de material químico que recibió desde Valencia y Polonia. La sentencia subraya que el investigado tomaba extremas medidas de seguridad para evitar ser descubierto por la policía.

Finalmente, la resolución judicial ha decretado el decomiso y la posterior destrucción de todas las sustancias intervenidas, tanto los estupefacientes como los componentes explosivos. Junto a las penas de prisión, el condenado deberá abonar el pago de las costas procesales causadas durante el procedimiento.

Contra esta sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Burgos todavía cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.