Ayala pide al gestor de la Escuela de Música de Burgos que presente las cuentas para abonar sobrecostes y poder reabrir

BURGOS 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha asegurado que la única solución para que el Ayuntamiento pague al gestor de la Escuela Municipal de Música el dinero del sobrecoste del servicio es que presente las cuentas para que el consistorio se las pueda abonar.

Ayala, en el Pleno municipal celebrado este viernes, ha apuntado que sin una verificación de lo que se debe, una administración pública no puede hacer frente a un pago.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha paralizado desde el día 9 de marzo las clases que se desarrollaban en la Escuela de Música, un conflicto que afecta a 22 profesores y 700 familias.

En el Pleno de este viernes, el Grupo Socialista ha presentado una proposición que ha salido finalmente aprobada con los votos socialistas, la abstención de Vox y el rechazo del PP, para que el Ayuntamiento de Burgos asuma "la gestión directa" de la Escuela a partir del curso 2026-2027.

También reclama que el Consistorio asegure la prestación del servicio para que pueda volver a la actividad de manera inmediata y hasta que finalice el presente curso mediante la constitución de un aval por parte del Ayuntamiento a favor del gestor que le permita cubrir las necesidades económicas de la Escuela de aquí al final de las clases.

Asimismo, ha pedido también que la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, dimita o que la destituya la propia alcaldesa.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

En una moción marcada por la tensión, la regidora ha admitido errores en los plazos, pero ha descargado la responsabilidad del bloqueo actual "en la empresa adjudicataria", a la que acusa de no facilitar la documentación contable necesaria para efectuar los pagos pendientes.

Según Ayala, el Ayuntamiento remitió ayer un burofax al empresario con una exigencia única como es "la entrega inmediata de las facturas y balances que acrediten las cantidades que se le adeudan", paso sin el cual no habrá solución.

Ayala no ha ocultado que la gestión administrativa no ha sido impecable y ha reconocido que el pliego de condiciones para el nuevo contrato se publicó con retraso.

Sin embargo, ha defendido el esfuerzo económico realizado por su equipo y ha detallado que el canon de licitación se incrementó de los 45.000 euros anteriores, hasta los 108.000 euros, "incluyendo también una subida en las cuotas de los usuarios".

A pesar de esta mejora económica, el concurso público quedó desierto y el servicio quedó en el aire, por lo que el problema parece no tener solución administrativa mientras la empresa no responda a los requerimientos del Consistorio.