El Ayuntamiento de Valladolid no suspenderá las sanciones de la ZBE y Vox lo ve como una "quiebra de confianza"

   VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La teniente de alcalde de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha trasladado este martes a los medios de comunicación que sus socios de Gobierno, el Partido Popular, "no están en la línea" de suspender el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones, pese a que ambas formaciones aprobaron una moción para ello en el Pleno hace menos de un mes, algo que la formación que dirige Santiago Abascal ve como una "quiebra de confianza en esta cuestión".

   Carvajal ha atendido a los medios de comunicación a primera hora de la tarde de este martes después de levantarse de una reunión con el alcalde del Partido Popular, Jesús Julio Carnero, en la que se ha abordado la situación de la Zona de Bajas Emisiones algo más de un mes después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anulaba la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones por cuestiones formales.

   "Pese a que el alcalde prometió la suspensión del régimen sancionador, y así lo presentamos conjuntamente en una moción de Pleno y así lo entendió la ciudadanía, por parte del Partido Popular, después de hacer su estudio sobre la cuestión, están en la línea de no suspender este régimen sancionador", ha explicado Carvajal a los medios.

   En cambio, señala, optan por una "segunda línea", que ha definido como "conservadora" y que asegura que para Vox "no era una alternativa" si no se acordaba conjuntamente entre las dos formaciones, que es la redacción "inmediata" de una nueva ordenanza de la ZBE que se adapte "exclusivamente" a situaciones que Carvajal define como "picos de contaminación".

   Según ha precisado, la ciudad de Valladolid en 2025 sólo habría estado en esa situación en "cuatro días".

   Carvajal ha dado por hecho que el PP plantea "en aras a esa posición conservadora" que el actual régimen sancionador de la ZBE en función de las etiquetas de emisiones de la DGT "no se puede suspender hasta que la nueva ordenanza no entre en vigor".

   Carvajal ha definido este asunto como "una quiebra de confianza en esta cuestión" porque recalca que Vox considera "fundamental no penalizar al ciudadano" y "no dirigir los actos municipales con un afán recaudatorio".

   Ante la pregunta sobre si esa "quiebra" de confianza puede tener alguna consecuencia en el seno del gobierno municipal que conforman ambos partidos, Carvajal su grupo político no está "para imponer castigos".

   "No es la filosofía con la que el Grupo Municipal Vox ha venido a gobernar a la ciudad, pero sí a exigir el cumplimiento de todos aquellos acuerdos a los que se ha llegado y la palabra dada, buscando la mejor solución posible para los ciudadanos", ha reflexionado. Por ello, ha defendido que pese a que la puedan llamar "señora del Siglo XIX", para ella un apretón de manos tiene la misma validez que "elevarlo a escritura pública ante notario".

   El término "quiebra de confianza", ha matizado, lo emplea "desde el punto de vista personal" porque recuerda que ambos partidos políticos han trasladado a sus "convecinos" que "se va a suspender el régimen sancionador y que se va a hacer lo humano y lo imposible por suspender ese régimen sancionador".

   La edil de Vox ha apuntado que, por otra parte, los servicios jurídicos municipales estudian la presentación del recurso a la sentencia de nulidad del TSJCyL, si bien ha recordado que este mismo martes se ha conocido que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, ha visto como el Supremo tumbaba su recurso contra una sentencia del TSJM que anuló varios artículos de la ordenanza de la ZBE de la capital de España.

   La concejal de la formación de derechas ha añadido que ha reclamado al PP que la nueva ordenanza se tramite "a la mayor celeridad", pues recuerda que el Ayuntamiento ya va con "un mes de retraso".

   De hecho, ha afirmado que el PP "no se había puesto a trabajar" en la nueva ordenanza, aunque ha añadido que este lunes el concejal competente en la materia, de Tráfico y Movilidad, le trasladó en otra reunión un borrador de consulta pública del nuevo texto, que es un trámite preceptivo, para iniciar la redacción. Así, ha trasladado que el alcalde le ha dicho que la consulta pública se va a publicar este miércoles.

"AMENAZAS"

   Carvajal ha considerado que la nulidad de la Ordenanza decretada por un tribunal podría emplearse como argumento por parte del Ayuntamiento de Valladolid para defenderse "frente a la amenaza" del Ministerio de Transportes de "quitar los PERTE" o solicitar el reintegro de los fondos recibidos como consecuencia de la aprobación de la ZBE.

   La edil reconoce que no sería una actuación "conservadora como la que pretende el Partido Popular" pero la considera "defendible" para justificar el inicio de los trámites de una nueva ordenanza que "hay una declaración judicial de no adecuación a derecho" del texto anterior.

   "El ejemplo lo tienen en Madrid, que es una ciudad gobernada por el PP", ha apuntado Carvajal, que ha asegurado que otras ciudades como Cartagena y Zaragoza van en ese mismo sentido.