Ayuntamiento de Valladolid saca a licitación por 472.046 euros el contrato de intervención social en zonas vulnerables

VALLADOLID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes el expediente por el que sale a licitación el contrato para la intervención social en zonas vulnerables del Este de Valladolid, con un importe de 472.046 euros más IVA, lo que supone un incremento de un 27,52 por ciento con respecto al anterior contrato de este proyecto que se puso en marcha de manera experimental.

Este martes se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local la contratación para la implementación del proyecto de lucha contra la exclusión en barriadas vulnerables de la zona de acción social este de Valladolid, por una cuantía de 1.018.993 euros para dos años.

Según han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, en el pasado contrato se destinaron 370.166 euros anuales (sin incluir IVA), mientras que este contrato asciende a 472.046 euros (sin IVA), y 524.496,50 euros, IVA incluido, lo que supone un incremento de un 27,52 por ciento destinado a zonas como Las Viudas y 29 de octubre.

El contrato que sale ahora a licitación tiene por objeto la ejecución del proyecto de intervención integral de lucha contra la exclusión social de las barriadas más vulnerables de la zona Este de Valladolid, concretamente las de Aramburu, Las Viudas, zonas colindantes de las calles Caamaño y Hornija, del barrio de Las Delicias; la barriada Polígono del 29 de Octubre de Pajarillos Bajos, y las calles colindantes con las mismas características sociodemográficas y económicas que las de las personas que residen en él, y la calle Flor, del barrio de Pajarillos Altos.

El proyecto tendrá como líneas estratégicas en primer lugar la educación y formación en todos los niveles y la formación y orientación profesionales futuras son la herramienta fundamental de cambio para luchar de forma efectiva contra la pobreza infantil y juvenil.

El Ayuntamiento ha señalado "problemas endémicos" de estas zonas como "el absentismo escolar o el fracaso y el abandono temprano de la educación han de marcar los objetivos prioritarios de cualquier proyecto de cambio que se plantee".

"Si queremos un futuro sostenible hay que favorecer normalización educativa del alumnado más vulnerable, apostando por el éxito escolar y la promoción educativa", han añadido.

Otro objetivo es la inclusión social ya los objetivos de cambio se centrarán en la familia o la persona concreta con un modelo de intervención de caso y con la metodología de atención centrada en la persona y, por lo tanto, vinculado todo ello a proyectos individuales de mejora relacionados sobre todo con el acceso al empleo y la formación prelaboral.

"La inclusión, no obstante, se abordará también desde los distintos ámbitos, alguno más individual y otros más genéricos, que inciden de forma directa en las posibilidades de integración y promoción de la persona como el acceso a recursos y servicios, la vivienda, la salud, el ocio", han precisado.

Otro ámbito de actuación es la participación, convivencia y promoción ciudadana ya que se considera que "el éxito de cualquier proyecto de cambio importante que se pretenda implementar en zonas como estas con un alto grado de deterioro físicourbanístico, estructural o convivencia pasa por la implicación de la población de las mismas en el proyecto".

Para llevar a cabo el proyecto se plantea un incremento en la dotación de personal. Por un lado, se pasa de media jornada a jornada completa a dos profesionales que se dedican a la educación no formal, educación de calle, y contacto directo con la ciudadanía, especialmente de etnia gitana y población inmigrante, y se incrementa la dotación de integradores sociales.

Ello exige la contratación de dos personas más que puedan desarrollar un trabajo más intensivo en el 29 de octubre.

En total, desarrollará el proyecto un equipo multiprofesional con 12 profesionales de la intervención social (educadores sociales, integradores sociales y educadores de calle).

Como ya señaló hace unos días el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, el actual contrato con el que se presta este servicio en dichas zonas concluirá a finales de marzo, mientras que se prevé que el nuevo se adjudique a primeros de junio, por lo que podría suspenderse la prestación durante unas semanas.