Banquillo para cuatro acusados de crear un entramado de empresas para defraudar al fisco más de 105.000 euros

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid celebra juicio los próximos días 16 y 18 de febrero contra cuatro personas de origen rumano bajo la acusación de crear un entramado de empresas de servicios agrícolas con el propósito de defraudar a la Tesorería General de la Seguridad Social a la que dejaron un 'pico', entre los meses de mayo de 2018 y 2021, de más de 105.000 euros.

Los encausados, Florinel M.C, presunto cabecilla, y los otros tres a los que éste puso al frente de las distintas mercantiles creadas, Marian L, Florenta V. y Marina R, se encuentran imputados por un delito de fraude a la Seguridad Social y el primero de ellos, a mayores, por otro delito de falsedad en documento oficial, de ahí que el fiscal del caso solicite para el principal acusado una pena global de seis años y medio de prisión y multa de 303.600 euros y para el resto tres años y nueve meses y 300.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su escrito de calificación, la acusación pública sostiene que Florinel M.C, quien venía prestando trabajos agrícolas de recolección de uva para diversos agricultores, urdió, al menos desde mayo de 2018, un plan encaminado a defraudar al fisco al generar con él una deuda a la que no pensaba hacer frente.

Para tal fin, creó sucesivas empresas individuales, con similar plantilla y actividad, y puso al frente de ellas al resto de los acusados, a los que daba de alta como autónomos y empresarios individuales, evitando así aparecer como deudor pese a que, de facto, seguía siendo el administrador de las distintas mercantiles. Una vez que estas empresas iban acumulando deudas, procedía al cierre de las mismas y continuaba con la actividad mediante la constitución de otras sociedades, estrategia en la que llegó a acumular hasta mayo de 2021 una deuda con la Seguridad Social que se eleva a 105.719,09 euros.

Además, el fiscal del caso sostiene que Florinel M.C, bien por sí mismo o a través de una tercera, elaboró durante el periodo investigado una serie de documentos falsos, al manipular las fechas concretas de inicio de la relación laboral que en ellos figuraba y las huellas digitales, tal y como pudo comprobarse tanto por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social como por el Servicio Público de Empleo.