Blanco recuerda, ante las críticas del PSOE por las residencias, que la materia laboral es competencia estatal

VALLADOLID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La procuradora socialista del Grupo Parlamentario Socialista Yolanda Sacristán ha calificado de "fraude" el nuevo modelo residencial de la Junta porque considera que se ha "puesto en manos de empresas privadas" y ha cuestionado las condiciones laborales de sus trabajadores, pero la consejera de Familia, Isabel Blanco, ha recordado que la legislación sobre empleo "es competencia estatal".

Así lo han señalado ambas representantes políticas durante una de las preguntas planteadas este jueves en la sesión de control al Gobierno autonómico durante el Pleno de las Cortes de Castilla y León.

Ante la pregunta, que iba enfocada a la situación en la que quedan las condiciones laborales de los trabajadores de las residencias de mayores con el nuevo modelo de atención promovido por la Junta, el cual motiva las críticas de los socialistas.

La consejera 'popular' Isabel Blanco ha recordado que el nuevo modelo de atención residencial "no incluye condiciones laborales de los trabajadores" y ha sugerido a la procuradora del PSOE que cuando formule una pregunta en el Pleno "hay que trabajar e informarse".

Las condiciones laborales no se abordan en esta estrategia, según Isabel Blanco, en primer lugar "porque no es el objeto de la ley" y en segundo, "porque es una competencia estatal", pues la consejera lo considera un asunto de "legislación laboral" que corresponde a "los convenios, las negociaciones que luego realizan entre los trabajadores y las trabajadoras".

En cualquier caso, Sacristán ha criticado que el modelo de la Junta convierte a los mayores en "un negocio" en el que ha insistido que "las empresas privadas aumentan sus márgenes gracias a la complicidad de la Junta que les hace leyes a medida", que les permiten reducir plantillas y "explotar a sus trabajadores.

Al mismo tiempo, ha reivindicado los 162 millones de euros que han llegado a Castilla y León del Gobierno de España en los últimos tres años, según los datos que ha aportado, para financiar la dependencia "mientras la Junta ha reducido su aportación en esos mismos años, en 35 millones de euros".

"Con esos 162 millones que ha incrementado el gobierno de España a Castilla y León y los 35 millones que no tenía que haber recortado la Junta, se podrían incrementar las cuantías de las ayudas a las personas dependientes y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores que atienen a las personas que se encuentran en residencias", ha recalcado Sacristán, quien ha lamentado también que, en caso de sufrir otra pandemia, volvería a suceder lo mismo en las residencias de mayores fruto de la gestión de la Junta.

La consejera de Familia ha reclamado a la procuradora del PSOE que "deje de transcribir noticias" y "revise las cifras y los certificados que se envían al Ministerio", pues defiende que ahí están "los verdaderos datos de lo que aportan".