Bravo niega trato de favor a Iberdrola, que sólo obtuvo 700 de los 2.100 megavatios pedidos en energía eólica

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ya exdelegado institucional de Iberdrola en Castilla y León y consejero delegado de su filial Biovent entre 2000 y 2007, Ricardo Bravo, uno de los catorce encausados en la 'trama eólica' sometida a juicio desde hace tres meses en la Audiencia de Valladolid, ha rechazado que la hidroeléctrica fuera presionada en aquella época desde la Junta para dar entrada a socios locales e incluso ha llegado a presentar a su compañía como perjudicada, al recordar que habían solicitado una potencia de 2.100 megavatios de los que únicamente obtuvieron 700.

El acusado, a quien Fiscalía Anticorrupción solicita, con carácter provisional, seis años de prisión y multa de 100 millones de euros, ha centrado buena parte de la jornada de este miércoles en la que, tan sólo a preguntas formuladas por su abogado, ha explicado que la entrada en el negocio eólico de socios locales era una práctica habitual en todas partes y en Castilla y León "circulaba en el ambiente que el viento era un recurso local del que tenía que beneficiarse el tejido industrial local", de ahí que Iberdrola, "sin imposición alguna", comenzara a buscar 'partners' para promover parques eólicos utilizando como base un listado de clientes que ya manejaba.

Fue ese listado, según Bravo, el punto de partida para la búsqueda de socios y el inicio de contactos, no sólo con los industriales también acusados Alberto y Francisco Esgueva, de Grupo San Cayetano, y el empresario hostelero y exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, igualmente en el banquillo, sino con más de un centenar de empresas, entre ellas Helios, Indal, Zarzuela o Pascual, sin que llegaran a fraguar los acercamientos con estas últimas.

"Las premisas que trasladábamos a estos socios potenciales es que la tramitación de estos proyectos iba a ser larga y sin garantías, toda vez que había peticiones por encima de 80.000 megavatios, una barbaridad, así como que las inversiones que había que hacer eran muy importantes, de ahí que las respuestas obtenidas fueran de todo tipo", entre las que ha incluido, en clave positiva, las de los dos hermanos Esgueva y la recibida del empresario Andrés Martín de Paz, con los que Biovent se embarcó en el negocio eólico, en el primer caso constituyendo en 2004 la sociedad vehículo Energía Global Castellana y en el segundo caso en 2003 mediante Villardefrades Eólica.

Bravo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha justificado la asociación con estos empresarios, ajenos por completo al sector, en el hecho de que Iberdrola buscaba socios industriales que no fueran competidores, en alusión a ACS, Endesa o Unión Fenosa, y confiaba en contar con el auxilio de estos 'partners' tanto desde el punto de vista financiero pero, sobre todo, para ver facilitada la tramitación y adquisición de terrenos.

El exconsejero delegado de Biovent ha insistido en que el acercamiento a los Esgueva y Martín de Paz no fue una imposición del principal inculpado en la causa, el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y que en ningún caso Iberdrola recibió trato de favor alguno por darles entrada en su accionariado.

De hecho, el acusado ha recordado haberse entrevistado en 2005 con el entonces consejero del ramo, Tomás Villanueva, al que trasladaron sus objetivos e inversiones previstas y solicitaron una potencia de 2.100 megavatios, de los 3.000 contemplados aquel año en Castilla y León con capacidad de evacuación, sin que obtuvieran respuesta alguna.

"CONSULTARÉ Y RESPONDERÉ"

"Consultaré y ya responderé" es la frase que Bravo ha puesto en boca de Villanueva, aunque, como así ha puntualizado, la respuesta llegó mucho más tarde a través del director general del Ente Regional de la Energía (EREN), Ricardo González Mantero, quien les informó de que Iberdrola, en el mejor de los pronósticos, no podría contar con más de 1.376 megavatios, "algo que tampoco se cumplió", ha lamentado el exdirectivo de Iberdrola, quien ha precisado que cuando él se fue en 2007 de la empresa la potencia con que contaba no superaba los 700 megavatios.

A lo largo de su interrogatorio, Bravo ha asegurado que los 47,1 millones que tanto Alberto Esgueva, de San Cayetano Wind, obtuvo de Biovent el 15 de febrero de 2007 por la venta de sus acciones en Energía Global Castellana--había pagado inicialmente por ellas 24.000 euros--, como los más de cuatro millones que Martín de Paz recibió en abril de 2007 por la venta de las suyas en Villardefrades Eólica fueron "a precio de mercado".

En los dos casos, el acusado ha justificado esa salida de las dos partes de ambas sociedades en que se precisaban fuertes inversiones que los dos empresarios no podían afrontar y, además, ha recordado el interés que Iberdrola tenía en hacerse con el mayor número de megavatios porque se disponía salir a bolsa en 2007. Bravo ha manifestado que en estas dos operaciones de recompra de acciones Iberdrola fue la gran beneficiada, no así Alberto Esgueva ni Andrés Martín de Paz, al considerar que de haber permanecido ambos en estas dos sociedades habrían obtenido unos beneficios muy superiores a los percibidos por la venta de sus participaciones.

"Me ha sorprendido escuchar en el juicio que Iberdrola, por los tres parques impulsados a través de Villardefrades, obtuvo beneficios por importe de 500 millones de euros en 12 años. Fue, por tanto, un negocio muy rentable para la empresa, pero otro tanto ha ocurrido con los parques de Energía Global Castellana, de ahí que San Cayetano habría ganado mucho más de no haberse ido", ha insistido Bravo.

AMISTAD CON VILLANUEVA A PARTIR DE 2011

Antes de concluir su interrogatorio, Bravo ha dejado bien sentado que su amistad con el entonces máximo responsable de Economía en Castilla y León, Tomás Villanueva, se inició en 2011, una vez que el declarante ya no tenía responsabilidad alguna en la hidroeléctrica, y que su vínculo con Martín de Paz se enmarca en las relaciones institucionales entre ambos, él como delegado institucional de Iberdrola en aquella época y el aludido como director de Deportes de la Junta que trataba de recabar patrocinios para la actividad deportiva en la Comunidad.

A posteriori, han 'desfilado' ante el tribunal el también acusado Rafael Icaza de la Sota,  encargado de valorar el impacto económico de las operaciones realizadas por Iberdrola; el directivo de esta empresa Pedro Barriuso Otaola, y el empresario Andrés Martín de Paz, quien ha cerrado el turno de interrogatorios. Los tres han ratificado todo lo anteriormente expuesto por Bravo.

Los dos directivos de Iberdrola están expuestos a una condena de seis años de privación de libertad y al pago de multas por valor de 100 millones, mientras que para Martín de Paz se solicita idéntica pena privativa de libertad y 8 millones de multa.

A lo largo de la jornada también ha testificado como encausada la ya exmujer de Alberto Esgueva, María del Mar Moreno, para quien la acusación pública interesa una pena de cuatro años y multa de 215.000 euros.

A preguntas de su abogado, Marimar ha justificado las operaciones de venta a Rafael Delgado de un piso del entonces matrimonio en Comillas el 27 de enero de 2005, por un total de 251.000 euros, y de una casa en Simancas (Valladolid), propiedad en exclusiva de ella, el 23 de diciembre de 2006 por un precio de 330.000 euros, 100.000 euros por debajo de la tasación, circunstancia esta última que la acusada ha atribuido a que el inmueble precisaba de importantes obras de reforma.

Quienes se han acogido a su derecho de no declarar son los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de Corporación Llorente (Collosa), a quienes se piden condenas de seis años y multas de 45 millones con motivo de las operaciones que, a través de la sociedad vehículo Inverduero, realizaron entre los años 1999 y 2017 con las empresas Iberdrola, Endesa, Preneal y Eolia y que están bajo la lupa del tribunal.

Completado este miércoles el interrogatorio de las catorce personas encausadas, será a partir del día 7 de enero de 2026 cuando las partes personadas comiencen a exponer sus informes definitivos.