VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León deberán publicar en su página web las subvenciones y otros recursos públicos que puedan percibir para el ejercicio de sus actividades así como las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables y, en su caso, las indemnizaciones recibidas por el cese en sus labores.
Esta es una de las principales novedades que contempla el proyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno que adapta la ley básica a las singularidades de la Comunidad Autónoma y hace especial hincapié en la necesidad de reforzar su transparencia.
Según ha explicado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, la norma incluye también la regulación de su régimen económico ya que establece que las cámaras --14 en la actualidad-- podrán obtener ingresos de distintas fuentes de financiación, como los servicios prestados a las empresas; los productos, rentas o incrementos de su patrimonio; las aportaciones voluntarias de compañías o entidades comerciales; los legados o donativos; las operaciones de crédito que realicen, y los convenios que puedan firmar con instituciones y organismos.
De manera "adicional y específica", el proyecto legislativo regula que estas corporaciones contarán con los recursos destinados por la Junta para el ejercicio de sus funciones público-administrativas, en el marco de la política general definida por la Consejería competente, conforme a sus disponibilidades presupuestarias.
"Se garantiza financiación estable para esas funciones públicas --25 en total--", ha significado la consejera, que ha recordado que también desempeñan funciones privadas y otras de mediación y arbitraje.
Esos fondos, que no están cuantificados aunque la Consejería sí ha contemplado un escenario sobre lo que cuesta prestar esas funciones en cada cámara, se canalizarán a través de la futura Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, cuya creación constituye la segunda novedad del nuevo texto normativo.
Según ha explicado Del Olmo, esta entidad se constituirá sin perjuicio de la continuidad de las existentes y será la encargada de determinar en su Reglamento de Régimen Interior los criterios para la administración y la obligatoria distribución de los fondos que reciba de la Administración de la Comunidad entre el resto de corporaciones.
El proyecto de Ley atribuye a este Consejo autonómico las funciones de representación y coordinación de todas las cámaras provinciales y locales y el papel de interlocutor principal en las relaciones con la Administración tutelante -la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta- y con los organismos e instituciones públicas o privadas de Castilla y León.
"El reto es aprovechar las sinergias y ventajas del trabajo colectivo sin renunciar a la capilaridad de esta red en el territorio y los beneficios derivados de esta singularidad", ha explicado Del Olmo, quien ha apostado por mejorar los servicios al tejido productivo de Castilla y León a través de unas cámara "más ágiles y dinámicas".
El Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León será responsable de la gestión, administración y representación de cualquier corporación provincial o local en el supuesto de suspensión de sus órganos de gobierno.
En este sentido, el texto regulatorio define los procedimientos ante posibles extinciones o liquidaciones, así como los de integración de una entidad en otra de ámbito territorial superior, "con el fin de garantizar la prestación de servicios en la zona geográfica de influencia de la cámara afectada por este proceso".
En lo que respecta a los órganos de gobierno de la corporación autonómica, el pleno estará integrado por 27 vocales, catorce de ellos en representación de todas las cámaras, que serán los respectivos presidentes; nueve en nombre de las grandes empresas -uno por cada provincia, como reflejo del tejido productivo en el territorio -, que serán propuestos por los titulares de la presidencia de las cámaras provinciales y locales, y cuatro vocales de reconocido prestigio en la vida económica de Castilla y León designados a iniciativa de la Confederación de Organizaciones Empresariales más representativa.
El pleno nombrará al presidente y al Comité Ejecutivo, que estará integrado por el presidente, uno o dos vicepresidentes, el tesorero y el número de vocales que se establezca en el Reglamento de Régimen Interior del Consejo y se fijará como mínimo un vocal en representación de cada grupo que forma el órgano plenario de la entidad.
De igual forma, la Institución autonómica tendrá un secretario general, previa convocatoria pública, cuyo nombramiento será aprobado por el pleno y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). El Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León resultante sustituirá al actual Consejo Regional de Cámaras y asumirá sus derechos y obligaciones en un plazo de seis meses.
