VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido el apoyo de las Cortes de Castilla y León para reivindicar al Gobierno de España un reparto "justo" de los fondos europeos, el cumplimiento de la sentencia de devolución del IVA, la flexibilización de los criterios de acceso a las ayudas directas y un nuevo fondo COVID.
En su intervención ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico para hacer balance en el ecuador de la legislatura, el consejero ha recordado que, "en defensa de los intereses de la Comunidad", se reclamó el abono de 182 millones de euros correspondientes a una mensualidad no pagada del IVA por parte del Gobierno de España, con una sentencia favorable por parte del Tribunal Supremo.
En este sentido, ha recordado la reclamación al Ejecutivo central de un fondo específico no reembolsable para hacer frente a los gastos extraordinarios del COVID.
Fernández Carriedo ha expuesto la "necesidad" de contar con un respuesta favorable por parte del Gobierno de la Nación en relación a distintas cuestiones como los Fondos Europeos de Nueva Generación, insistiendo en que los recursos se distribuyan de acuerdo a criterios vinculados a la despoblación y que se permita a las administraciones territoriales, incluyendo las corporaciones locales, aplicar estos recursos teniendo en cuenta los objetivos de cada territorio.
Así, ha subrayado que Castilla y León aspira a obtener 5.000 millones (el seis por ciento de los 84.000 millones de España), de los que "la mitad debería ser gestionada por la Junta y el resto por la Administración del Estado en la Comunidad".
El consejero se ha referido a algunas de las actuaciones impulsadas ante la llegada de estos fondos, como la creación de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea en septiembre de 2020, en la que se ha puesto en común la información que las diferentes Consejerías van aportando en relación a su participación en los fondos Next Generation para "garantizar la adecuada coordinación entre todos los fondos de la Unión Europea" y "asegurar la complementariedad de las
actuaciones".
BIBLIOTECA DE PROYECTOS
También ha repasado la elaboración del documento de Iniciativas de Recuperación y Resiliencia en Castilla y León y de una Biblioteca de proyectos que hasta el momento ha recibido un total de 458 propuestas por un importe de 6.845 millones de euros como resultado de la iniciativa tanto pública como privada y de colaboración público-privada.
Además se ha dado impulso a instrumentos de participación, aprovechando órganos que ya existían y creando tres mesas específicas (empresarial, científico-tecnológica y coordinación con las corporaciones locales) que ya se han activado
En este mismo ámbito de participación se encuentra la reciente constitución del Grupo de trabajo entre la Junta de Castilla y León y las formaciones políticas con representación parlamentaria, al que se suma como una de las últimas actuaciones la relativa a la coordinación de la información y la orientación empresarial respecto a todas las Manifestaciones de Interés MDI que el Gobierno de España está publicando.
A los fondos europeos se suma la devolución de los 182 millones del IVA reconocida por sentencia, para que "se haga efectiva cuanto antes", sin que ello "implique la reducción de otros ingresos públicos", ha advertido el consejero, quien ha insistido en su petición para que en 2022 se cree un nuevo fondo COVID no reembolsable, teniendo en cuenta que "permanecerán gran parte de los gastos sociales extraordinarios asociados a la pandemia".
Por otra parte, ha insistido en la aprobación de una fiscalidad favorable al medio rural dentro del ámbito de las competencias del Gobierno de España, que complemente las ventajas establecidas por la Junta de Castilla y León, lo que "facilitará el establecimiento de actividades económicas y la creación de empleo como mecanismo para afrontar el reto demográfico".
Asimismo, Fernández Carriedo ha solicitado que se flexibilicen los criterios de concesión de las ayudas directas derivadas del RDL 5/2021 y se amplíe el plazo para su resolución, para que las subvenciones "lleguen al máximo número de empresas y autónomos"; así como que las nuevas directrices de la Comisión Europea sobre ayudas de estado de finalidad regional entren en vigor cuando el Gobierno de España apruebe el nuevo mapa de ayudas "sin esperar a 2022".
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Por último, el consejero ha defendido la "urgencia y prioridad" de acometer una profunda reforma del sistema de financiación autonómica que dote a la Comunidad de los recursos suficientes para "atender los servicios públicos esenciales de calidad y en condiciones de igualdad".
En este sentido, ha destacado que "debe ser en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera" donde se inicie una reforma "en profundidad" del sistema de financiación autonómica, que tenga en cuenta "las peculiaridades establecidas en el Estatuto de Autonomía".
Por lo que se refiere al déficit, Fernández Carriedo ha recordado que en el ejercicio 2020 el superávit provisional de la Comunidad se cerró en el 0,04 por ciento del PIB y la regla de gasto se situó en un 1,1, una cifra "inferior a la tasa de referencia fijada inicialmente para el ejercicio", que era del 2,9 por ciento.
En este aspecto, ha mostrado su preocupación por las previsiones realizadas por el Gobierno de España respecto a la distribución del déficit público entre administraciones para 2022, que implicaría que del cinco por ciento de déficit previsto para el conjunto de las Administraciones Públicas para la próxima anualidad, apenas el 0,6 por ciento correspondería a las comunidades autónomas.
"Ello supondría un enorme desequilibrio, máxime cuando somos las comunidades las que debemos prestar los servicios públicos esenciales,
especialmente los vinculados a la crisis sanitaria", ha advertido el consejero.
