CHD derriba de la presa segoviana de Puente Mesa, en Cabezuela, por su estado de abandono y el riesgo para las personas

SEGOVIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha iniciado el derribo de la presa de Puente Mesa, situada en el curso del río Cega, entre los términos de Cabezuela y Veganzones.

La CHD ha defendido que este tipo de construcciones, que se levantaron hace siglos para retener agua que pudiera mover molinos harineros, ya no cumplen su función y según los técnicos de la Confederación, estas presas retienen materiales arrastrados por el agua que impiden la circulación natural del flujo y dificultan el movimiento de especies piscícolas dentro del río, al alterar ese cauce natural.

Por parte de colectivos vecinales se ha defendido siempre la naturaleza 'histórica' de la construcción, que puede datar de unos quinientos años de antigüedad, según han asegurado.

No obstante, el estado de conservación de la instalación, tras los exámenes técnicos de la CHD, es "defectuosos" y la propia Confederación expone el "riesgo para las personas", de una construcción que no recibe mantenimiento ni vigilancia.

En un escrito que ha hecho público la Confederación tras el inicio del derribo, se argumenta la desaparición de la estructura "en desuso y estado de abandono", y se justifica de acuerdo a la Directiva Marco del Agua.

La CHD, una vez retirada la presa, asegura que "consensuará con el Ayuntamiento un área recreeativa, y la restauración ambientalmente de la zona afectada con plantas autóctonas".

Según afirma la CHD, el azud de la Mesa "no aparece asociado a título concesional alguno en el Registro de Aguas de la CHD". La concesión de aguas es el título que habilita al titular de la concesión a realizar el uso del agua que corresponda, incluido el uso recreativo, y es el titular de esa concesión el responsable del estado de la infraestructura.

Tal como han explicado desde la CHD, el 4 de noviembre de 2022, hubo una reunión entre la presidenta de la Confederación y los representantes municipales de Veganzones y Cabezuela, "para instarles a que obtuvieran la preceptiva concesión de aguas que justificara jurídicamente el mantenimiento de un obstáculo en el río".

Con esa concesión, los ayuntamientos afectados se harían cargo, como titulares, de la conservación y mantenimiento de la construcción histórica. Tres años después de aquel encuentro no se ha procedido a la solicitud, por parte de ninguno de los ayuntamientos afectados y, tal como afirman desde la CHD.

Por ello, dado el avanzado estado de abandono, la CHD ha procedido "eliminar un riesgo potencial hacia las personas por accidente grave por caídas o ahogamientos".

Tal como se expone por el equipo técnico de la CHD, una de las acciones prioritarias para una correcta conservación, mantenimiento y mejora de los cauces fluviales es la de fomentar la continuidad longitudinal de los ríos "mediante la demolición o retirada de todas aquellas infraestructuras transversales que por su desuso y la caducidad de sus concesiones sean susceptibles de ser retiradas".

Otro argumento que incluye la CHD para justificar la demolición de la presa es, desde un punto de vista medioambiental, el informe favorable a la demolición del azud redactado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Segovia, con fecha 10 de diciembre de 2025, así como todos los permisos que habilitan a la Confederación para acometer estas obras.

Otro peligro, ya en el ámbito social, es la amenaza para la seguridad de las personas y los bienes, ya que al no tener uso y no existir un titular concesional que se haga cargo de su mantenimiento, se corre el riesgo de que la obra sufra una degradación progresiva con el consiguiente riesgo de rotura.

Por parte de los colectivos vecinales opuestos a la desaparición del azud, argumentan el carácter histórico de la construcción y recuerdan que desde la Subdelegación del Gobierno, la anterior subdelegdad, Lirio Martín, aseguró que "el derribo no se iba a producir" y que "por su riqueza, esta presa se respetaría".

La actual subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, ha manifestado, sin embargo, tras el inicio del derribo, que su eliminación obedece a la situación de "ruina" en que estaba la presa, que la ejecución cumple requerimientos ambientales europeos y que en tres años, los ayuntamientos no han realizado tareas de manteniminto de la construcción.

Aunque en un primer momento, los vecinos paralizaron el trabajo de la máquina demoledora, la Guardia Civil se ha personado en el lugar del azud y ha advertido a los vecinos de las posibles sanciones por interrumpir la obra de demolición (que puden llegar a 1.800 euros en el caso más grave).

No obstante, Marian Rueda ha declarado que los ánimos ya están calmados, y que se está realizando la intervención y no hay ningún movimiento que haga pensar en enfrentamientos".