Trib.- La familia acusada de vender una parcela gravemente contaminada en Renedo indemnizará a los compradores - EUROPA PRESS
VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
"Mi sueño y todas mis ilusiones se han venido abajo, allí no crece ni maleza", se ha lamentado este jueves Estefanía V.G. ante la Audiencia de Valladolid al recordar que el terreno que compró en Renedo en 2021 a una empresa de reciclado de escorias de aluminio pretendía destinarlo a la puesta en marcha de un centro hípico, actividad que no ha podido emprender tras descubrir, una vez adquirida la propiedad, que una parte de la parcela era impracticable debido a los residuos contaminantes allí existentes.
La compra del suelo la efectuaron la testigo, su esposo y una cuñada, aunque los tres se han retirado finalmente del procedimiento penal y civil al llegar a un acuerdo con la defensa de los encausados para ser convenientemente indemnizados por los perjuicios causados. Tal circunstancia ha tenido sus efectos en cuanto a la composición del banquillo, inicialmente ocupado por los hermanos José María C, María Flor, Francisco Javier, Cristina y la madre de todos ellos, Consuelo S.C, puesto que a partir de dicho pacto el procedimiento sigue tan sólo contra los tres primeros, que son a los únicos que imputaba la Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo.
La afectada, al igual que su cuñada, Vanesa L.H, han comparecido para certificar que ya no reclaman pena alguna para los acusados--solicitaban para ellos nueve años y nueve meses de cárcel--pero sí han tenido tiempo de mostrar su malestar por haber adquirido un terreno sin que los vendedores les pusieran al corriente del verdadero estado del mismo. "De haberlo sabido, por supuesto no lo habría comprado. Mi sueño y mis ilusiones se han venido abajo. La parcela afectada sólo la hemos usado para sacar los caballos cuando limpiamos las cuadras porque allí no crece nada, es imposible", ha denunciado Estefanía.
En su declaración recogida por Europa Press, la testigo ha precisado que la escritura de compra-venta fue suscrita el 13 de octubre de 2021 con el fin de adquirir una parcela próxima a la finca con caballos que ya tenía en Renedo. El objetivo era impulsar un centro hípico con ese terreno añadido y ha asegurado que lo único que sabía es que era propiedad de una empresa de reciclaje de chatarra, sin que, ni mucho menos, hubiera sido informada de que el subsuelo escondía gran cantidad de residuos procedentes de la actividad industrial de la mercantil vendedora.
"Tras la compra empezamos a escuchar comentarios de vecinos sobre si sabíamos la escoria que había allí enterrada", algo que no pudieron certificar, como así ha explicado, hasta que con la ayuda de un amigo constructor realizar varias catas y descubrieron distintas sacas enterradas con material contaminante y la existencia de un líquido oscuro que olía a amoniaco. El suelo está también lleno de tornillos, tuercas...allí no crece ninguna vegetación", ha lamentado la afectada, quien ha añadido que pese a las reclamaciones iniciadas los acusados no han dado la cara y se han dedicado a "pasarse unos a otros la pelota".
"¡QUE SE QUEDEN CON LA SUCIEDAD!"
Por ello, Estefanía ha llegado a un acuerdo extrajudicial con los encausados para desprenderse de esa parte de terreno. "!Ya no reclamo nada, que se queden con la suciedad!", ha zanjado la exacusadora particular, mientras que su cuñada ha apostillado que la actividad para la que adquirieron la finca se fue al traste porque "allí no crece nada, es imposible".
La jornada ha contado igualmente con las testificales de varios de los trabajadores de la mercantil acusada, dos de ellos ya jubilados y uno aún en nómina, caso este último de Luis Antonio M.G, quienes, además de relatar que su cometido era el de separar el aluminio del hierro y el polvo con imanes y con sus propias manos, han coincidido al negar haber recibido órdenes para enterrar en la parcela trasera de la factoría residuo alguno y han puntalizado que las órdenes las daba José María C, mientras que su hermana Flor estaba siempre en la oficina y el otro hermano acusado, Francisco Javier, se limitaba a tareas de mantenimiento.
Llamativo ha sido el caso del citado Luis Antonio M.G. y Manuel C.M, puesto que el primero ha llegado a confesar que en su día, al descubrir los nuevos propietarios la verdadera situación de la parcela, recibió amenazas de sus jefes para guardar silencio porque si no le harían "la vida imposible", mientras que el segundo ha reconocido que cuando comenzó a trabajar en la empresa no fue dado de alta en la Seguridad Social.
También han comparecido distintos agentes de la Guardia Civil que inspeccionaron el terreno y tomaron muestras del mismo que luego remitieron al Instituto Nacional de Toxicología de Madrid. Uno de ellos ha recordado que tras una primera visita el 19 de noviembre de 2021, fecha en la que al llegar a la finca observó un gran agujero que los nuevos propietarios habían practicado y que dentro del mismo se podían ver "capas estratificadas, un polvo gris como si se tratase de cemento y un líquido oscuro en el fondo", sin que pudiera recordar ahora si el mismo desprendía o no un fuerte olor a amoníaco.
La segunda inspección la efectuó en febrero de 2022 y entonces tomó ya muestras para su análisis, en concreto del centro de la parcela, las esquinas e, incluso, de una zona externa para poder cotejar ambas partes. Al agente no le consta que la empresa investigada haya sido expedientada por la Administración regional, la competente en la materia.
El juicio sigue este viernes con la declaración de los tres encausados. Cada uno de ellos está imputado por un delito contra el medio ambiente y otro de estafa y se expone a más de cuatro años de prisión, de ellos tres años y seis meses por el primero de ellos, multa de 7.200 euros e inhabilitación especial para la profesión que ejercían por espacio de dos años, así como a otros diez meses más de privación de libertad por el segundo. Además, a la mercantil, el fiscal del caso le pide otra multa por importe de 21.900 euros.