VALLADOLID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Valladolid condenó a una pena de tres años y siete meses de cárcel a un hombre con iniciales M.M.C, quien entre los meses de marzo y abril de 2007, tras apoderarse de pagarés previamente robados de sacas de Correos en polígonos industriales, se presentó en varias sucursales de la capital vallisoletana y de Ávila y logró cobrar un total de 6.000 euros gracias a la manipulación de los referidos cheques y de un DNI.
En su sentencia, la Sala consideró plenamente acreditado que el procesado, para quien el Ministerio Fiscal había solicitado una pena de cuatro años de prisión, cometió un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa, de ahí la referida pena privativa de libertad finalmente impuesta y la obligación de indemnizar a las entidades afectadas con las cantidades percibidas ilegalmente, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En concreto, el condenado habrá de indemnizar a Caja Segovia, sita en la Avenida Ciudad de La Habana de Valladolid, y a Caja de Ahorros de Ávila, ubicada en la Plaza de Santa Teresa de la capital abulense, con 2.997,90 y 2.975,80 euros, respectivamente, ya que su intento de cobrar un tercer cheque por valor de 2.950,10 euros en la oficina del Banco Santander Central Hispano (BSCH), en la Plaza Mayor de la capital del Pisuerga, no tuvo éxito.
Aunque el acusado se declaró inocente y alegó que pudo estar en las tres sucursales para realizar distintas gestiones, todas ellas legales, el tribunal considera acreditado que M.M.C, en connivencia con otras personas no identificadas, logró hacerse con los tres pagarés que otras tantas empresas habían remitido por correo ordinario y luego acudió a las sucursales para cobrarlos después de haber modificado al alza el importe de los cheques y falsificado un DNI en el que insertó su propia foto.
RECONOCIDO POR LAS CAJERAS
En todos los casos los cheques no superaban los 3.000 euros, ya que en caso contrario los empleados de las sucursales tienen la orden de realizar más comprobaciones, advirtió en el juicio el Ministerio Fiscal, quien, como principales pruebas de cargo, recordó que las empleadas de Caja Segovia y del BSCH habían reconocido sin ningún género de dudas al acusado como la persona que en la primera entidad cobró el pagaré y que en la segunda no logró hacerlo ante las sospechas que provocó su comportamiento nervioso.
Las grabaciones de las cámaras de seguridad de las entidades y los fotogramas obtenidos con la imagen del acusado fueron también esgrimidas por el Ministerio Fiscal para cimentar la culpabilidad del procesado, cuyo letrado, por contra, pidió, sin éxito, una sentencia absolutoria por falta de pruebas.
Entre sus principales argumentos, el abogado alegó que la falsificación de los pagarés no había quedado acreditada pericialmente y que tampoco la estafa había sido probada, ya que ninguna de las entidades aportó certificado alguno que demostrase que su cliente había cobrado esas cantidades. "El tipo penal requiere de un desplazamiento patrimonial, y este caso no se ha acreditado que Caja Segovia y Caja de Ahorros de Ávila resultasen perjudicadas", concluyó.
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