El Consejo de Cuentas elaboró en 2024 un total 15 informes con 73 recomendaciones de las que se atendió el 47%

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo de Cuentas, encabezado por su presidente, Mario Amilivia, ha entregado este martes al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, su Memoria de 2024, donde se recoge que el organismo realizó un total de 15 informes con 73 recomendaciones a los entes fiscalizados, de las que fueron atendidas el 47 por ciento

Con la entrega de esta Memoria en las Cortes el Consejo de Cuentas da cumplimiento a la obligación legal de remitir a la Cámara el documento que recoge las actuaciones de la institución en distintos apartados como la organización y funcionamiento, la función fiscalizadora, las relaciones institucionales, la comunicación o la administración.

En el texto se detalla que n el ejercicio pasado, el Consejo celebró 26 plenos y aprobó 15 informes. Así, desde 2019 hasta el pasado 31 de diciembre, es decir, en el actual mandato de esta institución de control externo, se habían aprobado 125 de los 298 que sumaba históricamente, es decir, el 42 por ciento. Recientemente se divulgó el informe número 300 y en la actualidad se alcanzan los 304 informes publicados.

El presidente, Mario Amilivia, compareció en 15 ocasiones ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, "récord en la trayectoria de la institución". En ellas, además del Plan Anual de Fiscalizaciones se presentaron 18 informes. Además, según han informado a Europa Press fuentes del Consejo, en seis años de mandato -hasta el 31 de diciembre pasado-, se han contabilizado 59 comparecencias ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, que suponen el 52 por ciento del total histórico del órgano, se habían presentado 134 informes por parte del presidente.

Además, en 2024, excepcionalmente, también tuvo lugar una comparecencia en el Congreso de los Diputados para exponer en una comisión de investigación las conclusiones de la fiscalización sobre la contratación autonómica vinculada a la COVID-19, celebrada durante 2020.

INFORMES DESTACADOS DEL AÑO

Algunos de los informes más destacados recogidos en la Memoria son el relativo a la fiscalización de los beneficios fiscales de la Comunidad, en la que se identificaron 794 incentivos fiscales, de los cuales 657 vienen regulados en la normativa estatal y 137 en la autonómica. El trabajo puso de manifiesto también que entre 2017 y 2022 se pasó de 162.410 a 186.461 contribuyentes con beneficios fiscales, incrementándose de 301 a 713 millones de euros, a cuenta, fundamentalmente de las sucesiones y donaciones.

Otro de los informes relevantes fue el del análisis del endeudamiento de la Administración autonómica, una auditoria en la que se subrayó que el volumen de deuda en términos de contabilidad nacional en Castilla y León ascendía al cierre de 2022 a 13.322 millones de euros, con un incremento interanual del 0,81 por ciento. También, que la participación de Castilla y León en la deuda total de las CCAA se mantiene desde 2013 en el 4 por ciento.

En otro de los informes se analizó la situación de los municipios más incumplidores de la obligación de rendición de cuentas en la etapa 2003-2020. La fiscalización concluyó que 28 ayuntamientos tienen más de 10 cuentas sin rendir en estas casi dos décadas, y entre estas cuentas, las de los últimos 5 ejercicios. Las causas argumentadas para los incumplimientos de esta obligación fueron la falta de medios personales y retraso en la llevanza de la contabilidad, la falta de medios informáticos y problemas con la aplicación contable.

Otra de las fiscalizaciones fue la del análisis de las medidas de ahorro energético adoptadas por las entidades locales de la Comunidad, realizada en colaboración con el Tribunal de Cuentas. Este informe fue presentado por Amilivia en las Cortes la pasada semana.

Por otra parte, la presentación en las Cortes del informe de seguimiento de recomendaciones completa el ciclo parlamentario del control externo realizado por la institución sobre la gestión económica y financiera de las administraciones autonómica y local, que representan un volumen global de unos 19.000 millones de euros. Así, según recoge la Memoria con los datos del último informe, se realizaron 73 recomendaciones a los entes fiscalizados, con un grado de aceptación por parte de estos del 54 por ciento. Se aplicaron de forma íntegra o parcial un 47 por ciento de las recomendaciones.