Consultivo ve posible inconstitucionalidad en cinco aspectos de la Ley de Publicidad Institucional que impulsó Podemos

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Consultivo ha advertido de la "posible inconstitucionalidad" de cinco aspectos de la Ley autonómica de Publicidad Institucional impulsada por Unidas-Podemos y que fue aprobada por las Cortes de Castilla y León el pasado 25 de junio con el único voto en contra del PP.

En concreto, el Consultivo considera que la nueva norma "colisiona claramente" con la legislación estatal básica, introduce criterios discriminatorios en la contratación pública, establece limitaciones económicas arbitrarias "e incluso invade competencias en materia laboral, lo que pone en entredicho su validez y aplicación".

Así lo ha anunciado este viernes a través de un comunicado la Consejería de la Presidencia que el pasado mes de julio solicitó un dictamen al Consejo Consultivo para clarificar la correcta interpretación y aplicación de la nueva norma.

El Gobierno autonómico ha explicado que el dictamen del Consejo Consultivo confirma "varios riesgos legales" y concluye que la ley autonómica no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por el Estado, según lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley estatal de Publicidad y Comunicación Institucional.

El Consultivo considera que la introducción de vetos a la contratación con los medios de comunicación condenados en sentencia firme, no contemplados en la normativa estatal básica, supone "una clara invasión competencial y un riesgo real de nulidad jurídica".

La Junta ha añadido que este aspecto es "especialmente grave" porque la exclusión de medios condenados en sentencia firme para contratar publicidad institucional constituye "el núcleo central" de la ley autonómica e insiste en que al fundamentarse en una medida que no solo excede las competencias establecidas por la legislación estatal, sino que, además, carece de respaldo constitucional, "la norma agrava las dudas sobre su validez y aumenta el riesgo de que su aplicación pueda ser anulada judicialmente".

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que el dictamen del Consejo Consultivo avala las advertencias de la Junta desde la entrada en vigor de la ley. "Esta norma no solo excede las competencias autonómicas, sino que también vulnera principios constitucionales fundamentales", insiste.

Según la información facilitada por la Junta, el dictamen también recuerda que la legislación penal es competencia exclusiva del Estado, "por lo que una norma autonómica no puede imponer sanciones más severas ni agravar las consecuencias legales ya establecidas a nivel estatal". En este caso, explica que la sanción contemplada por la ley autonómica, que consiste en la imposibilidad de contratar publicidad institucional para determinados medios, "excede el marco legal estatal y constituye una medida punitiva que la Comunidad no está facultada para imponer".

En cuanto a la imposición de un límite del 33 por ciento de la cifra de negocio anual que un medio puede obtener mediante contratos de publicidad institucional, señala que esta restricción "carece de respaldo en la legislación básica estatal, resulta arbitraria y vulnera la libre concurrencia de los medios a las campañas".

A esto suma que la medida pone en riesgo la viabilidad de "determinados medios", especialmente los de menor tamaño o de implantación local, "y genera un trato desigual injustificado".

Relacionado con este punto, el dictamen destaca que esa limitación también vulnera el principio de igualdad y la prohibición de la discriminación "al establecer barreras que restringen el acceso equitativo a la contratación pública y que comprometen la pluralidad y diversidad en la difusión de campañas institucionales, afectando, igualmente, a los medios locales o más pequeños".

Finalmente, el dictamen advierte de que la Ley autonómica introduce regulaciones en materia laboral, específicamente sobre la subrogación de trabajadores vinculados a las concesiones de la televisión autonómica, aspectos que están regulados por el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo aplicable.

"Esta regulación autonómica invade, de nuevo, competencias exclusivas del Estado, ya que modifica o contradice un marco normativo estatal superior, lo que genera inseguridad jurídica tanto para las empresas como para los trabajadores afectados", concluye el órgano fiscalizador según la nota de la Junta.

No obstante, el Consejo Consultivo recuerda que la Ley de Publicidad Institucional es de obligado cumplimiento para la Junta y advierte de que tendrán que ser las empresas afectadas que deberán recurrir ante los tribunales para impugnar las disposiciones que consideren contrarias a derecho, "garantizando así el respeto al ordenamiento jurídico a través de los cauces legales correspondientes".