CSIF pide más inspectores para que la reducción de jornada sea efectiva en CyL y avisa que se hacen 190.000 horas extra

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno central que se refuerce la Inspección de Trabajo para lograr una reducción de jornada "efectiva" en una Comunidad como la de Castilla y León que contabiliza unas "190.000 horas extras anuales".

"Siempre nos quejamos y decimos que las plantillas en las administraciones públicas están en cuadro, algo que también pasa en la Inspección del Trabajo, y hay que reforzarla. Recordemos que este Gobierno ha sufrido la única huelga que ha habido de inspectores en España. Bueno, pues por algo será. Reforcémosla, porque si no al final la reducción de jornada a 37,5 horas será cantos de sirena", ha argumentado el presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, minutos antes de participar en una jornada autonómica de delegados de empresa privada de la organización para analizar las novedades legislativas en materia laboral.

Castro ha estimado que en la Comunidad se realizan cerca de "190.000 horas no retribuidas que son de los trabajadores de Castilla y León". De ahí que haya incidido en ese refuerzo para que la reducción de la jornada sea "efectiva".

En este sentido, el secretario del sector nacional de Empresa Privada de CSIF, Pedro Poves ha apostado por incorporar la nueva jornada de 37,5 horas al "Estatuto del Trabajador de manera inmediata". "Se puede rebajar la jornada a 37,5 horas semanales sin ningún problema. Es una reivindicación social justa. No podemos impulsar la reforma de la jornada laboral sin potenciar la inspección de trabajo. Tenemos que evitar la economía sumergida y tenemos que evitar las horas extraordinarias fraudulentas", ha advertido.

Al hilo de estas palabras, ha cargado contra los "sindicatos mayoritarios" por olvidarse de los "empleados públicos" en la reforma de la jubilación parcial anticipada. "Todas las modalidades, tanto la flexible, como la activa, como la demorada, están fracasando. Habría que preguntarse por qué. Desde CSIF solicitamos que la reforma que se ha hecho de la jubilación parcial anticipada se revise, sobre todo respecto del sector público, poniendo a este sector prácticamente en una situación imposible de alcanzar", ha argumentado.

Poves también entiende como "demanda social de los trabajadores", la reducción del coeficiente reductor de la edad de jubilación. "Exigimos que sectores como el sanitario, como los conductores de ambulancias o de autobuses, como los vigilantes de seguridad, como los compañeros de recogido de residuos urbanos y los compañeros de químicas tengan un coeficiente reductor para poder acceder a la jubilación ordinaria con una edad anticipada, sin merma de su jubilación", ha añadido.

En este punto ha lamentado que la reforma de la edad de jubilación responda a un problema de "financiación" la detallar que "las jubilaciones parciales anticipadas o las edades de jubilación por debajo de los 67 años tienen un coste prestacional", que actualmente está "alrededor del once por ciento del PIB", y que en tres años podría llegar "al 16 o el 17 por ciento". "Es un coste brutal, pero va en contra de la demanda social. Los trabajadores optan más por una sociedad del ocio y de la conciliación y familiar que por una sociedad de la productividad, y hay que escuchar a esos trabajadores", ha concluido.