VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado hoy un refuerzo urgente de los recursos destinados a la salud mental en el ámbito penitenciario de Castilla y León, con un incremento de psiquiatras, psicólogos clínicos y personal sanitario especializado.
Asimismo, exige la creación de algún psiquiátrico penitenciario en la Comunidad o en la zona noroeste de España, que permitan atender adecuadamente a los internos con problemas mentales, y así reducir la conflictividad o riesgo tanto para trabajadores como para los reclusos. CSIF denuncia que los únicos tres únicos centros penitenciarios psiquiátricos que hay están en Andalucía (Sevilla) y Levante (Barcelona y Alicante).
Esta exigencia llega tras una nueva agresión de un interno a cuatro funcionarios ocurrida en la tarde de este jueves en la prisión leonesa de Mansilla, durante una intervención regimental. Los trabajadores sufrieron diversos golpes y erosiones, y uno de los trabajadores precisó de puntos en las manos.
CSIF traslada su apoyo y reconocimiento a los compañeros lesionados, y destaca la profesionalidad demostrada por todos los funcionarios que participaron en la actuación, "en una situación de extrema complejidad, y en un contexto marcado por la escasez de personal y el incremento de internos con graves patologías mentales".
El sindicato independiente, a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera que este nuevo incidente vuelve a evidenciar una realidad cada vez más preocupante en los centros penitenciarios españoles, como es el aumento de internos con trastornos mentales graves y la insuficiencia de recursos especializados para su adecuada atención y tratamiento. "Los funcionarios penitenciarios no pueden seguir siendo el último recurso para gestionar situaciones que requieren una respuesta sanitaria especializada", alerta.
CSIF recuerda que esta agresión se produce en un momento "histórico" para el colectivo, tras haberse aprobado ayer por el Congreso la reivindicación impulsada durante años por esta organización sindical: el reconocimiento de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad.
Este importante avance supone un mayor respaldo institucional y una protección jurídica reforzada para los funcionarios de prisiones, frente a las agresiones sufridas en el ejercicio de sus funciones. No obstante, avisa CSIF, "este logro debe ir acompañado más medios humanos, sanitarios y materiales, necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores y la adecuada atención de la población reclusa".
Esta última agresión producida en la cárcel de León ha sido causada por un interno incluido en el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM), que durante toda la jornada mantuvo una actitud desafiante y provocadora hacia los funcionarios del centro. Después autolesionarse, fue trasladado al hospital, donde continuó generando incidentes hasta conseguir ser atendido por el servicio de Psiquiatría y recibir una alta voluntaria. Pero de vuelta ya, en el centro penitenciario, reinició una conducta violenta, relata CSIF.
Ante el grave riesgo para la seguridad del módulo, de los trabajadores allí presentes y del propio interno, y una vez agotadas las vías de diálogo, se procedió a sacarlo de la celda, conforme a los protocolos establecidos, momento en el que agredió a los trabajadores.