Vivienda devastada por las llamas en Carracedo de Vidriales. - Emilio Fraile - Europa Press
VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Junta sufragará "el cien por cien" de los gastos generados por el alojamiento a aquellas personas cuyas viviendas hayan sido devastadas por las llamas hasta que puedan volver a ellas, "sin fijar un límite de tiempo y de renta".
Así lo ha avanzado la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que, junto al consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, han comparecido ante los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Blanco ha detallado que estas ayudas se incluyen dentro de las medidas de emergencia social que contempla el Acuerdo Marco de Servicios Sociales suscrito para el periodo 2024-2027 del que hoy se ha aprobado una adenda de 23.724.314 euros.
En este sentido, ha ahondado en que con esta línea se quiere "atender" a aquellas familias cuya vivienda ha sufrido daños y tienen que ser "reubicadas o realojadas temporalmente en otros recursos". "En este caso, las ayudas de emergencia van a pagar esos gastos que se generen de alquiler al 100% mientras dure esta situación, sin fijar un límite de tiempo y sin fijar un límite de renta", ha continuado.
Desde la Dirección General de la Vivienda se están desplazando a los municipios afectados por las llamas para conocer las "circunstancias" de cada uno de los afectados y sus "necesidades específicas" para dar "respuesta lo más rápidamente posible a todas ellas".
"Hay personas que prefieren irse con sus familiares. Hay personas mayores o que viven sola a las que se puede habilitar una plaza en una residencia hasta que pueda retornar a su domicilio o bien el alquiler de una vivienda, residencia en algún hotel o en otra ubicación. Las ayudas de emergencia corren con todos los gastos de estas situaciones", ha abundado.
Una línea, eso sí, que complementa a la anunciada ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras el Consejo de Gobierno Extraordinario de 500 euros por unidad familiar evacuada. "Son complementarias", ha reiterado.
INCREMENTO PRESUPUESTARIO
El grueso de la adenda que hoy se ha firmado, irá a parar a financiar el servicio de ayuda a domicilio, esencial para que las personas mayores y en situación de dependencia del medio rural puedan seguir residiendo en sus hogares mientras reciben toda la atención necesaria. Un incremento presupuestario que asciende a los 18.870.000 euros y que sitúa el monto total para los cuatro años en 415 millones de euros, 109 millones --un 36 por ciento-- más que en el periodo anterior, ha explicado Blanco.
En su intervención, la vicepresidenta ha cifrado en 4,25 millones el aumento de la partida correspondiente a las retribuciones del personal técnico de Servicios Sociales para, "en primer lugar, equipararlos a los módulos de personal y hacer frente a los incrementos salariales que se han producido. Pero también se va a aumentar en 25 el número de profesionales hasta llegar a los 1.429 -entre equipos de acción social básica como específicos de segundo nivel-, de los cuales el 53 por ciento prestan servicio en el medio rural".
Precisan igualmente de una actualización los importes relativos a la financiación del servicio de atención en centros residenciales y de día destinados a personas mayores en situación de dependencia, con un aumento de 556.372 euros. "El objetivo es apoyar en el mantenimiento de las plazas residenciales o en centros de las corporaciones locales. Además, se reforzarán determinadas prestaciones en algunas entidades locales para la formación de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, entre otras", ha subrayado.
Finalmente, Blanco ha recoradado que el Acuerdo Marco de cofinanciación de los equipos de acción social básica y programas de Servicios Sociales es la "herramienta de cooperación y coordinación entre el Ejecutivo autonómico y las corporaciones locales para la financiación de las políticas y prestaciones de carácter social, que garantiza la estabilidad, continuidad y homogeneidad en la atención y protección de las personas más vulnerables" y que están incluidas en él un total de 26 entidades locales.