CyL dará un "salto cualitativo" en la ordenación del transporte de viajeros

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León dará un "salto cualitativo" en la ordenación del transporte público de viajeros por carretera con el objetivo de ofrecer un servicio "seguro, eficiente, moderno y de calidad" y ajustado a una comunidad "del siglo XXI", según ha detallado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Se trata los principios rectores del proyecto de Ley de Transporte Público de viajeros por carretera de Castilla y León aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno, un "importante y relevante" texto acorde con las normativas estatal y europeo pero adaptado también a las "singularidades" de la Comunidad Autónoma por lo que conecta lo rural y lo urbano y coloca al ciudadano en el primer plano a través de un catálogo de derechos de los usuarios que deberá tutelar la Administración.

Para ello, se da rango normativo al transporte rural en reconocimiento a una de las "singularidades fundamentales" de la movilidad del territorio castellanoleonés donde se complementan lo rural y lo urbano y en el que se considera "preciso" dar respuesta en términos de movilidad tanto al 80 por ciento de población que vive en el 12 por ciento de los municipios como dotar de transporte público a ese 88 por ciento de municipios en los que vive el 20 por ciento de los habitantes de la Comunidad.

Según ha explicado el consejero, esas peculiaridades socio-territoriales exigen "soluciones diferenciadas" respecto de otras zonas del territorio nacional para lo que se reconocerá "por primera vez" el transporte público de viajeros por carretera como un "servicio esencial y universal" por su "trascendencia instrumental" para acceder en condiciones de igualdad al resto de servicios básicos.

Suárez-Quiñones ha asegurado que la futura ley garantiza la accesibilidad universal del transporte público "en todo el territorio" donde haya un asentamiento fijo de población por lo que se convierte la movilidad en un "instrumento decisivo" en la lucha contra la despoblación.

Para ello, declara el transporte público regular de viajeros por carretera de uso general interurbano y urbano como servicio público de titularidad de la Administración y, en consecuencia, responsabiliza a la Administración de la "adecuada sostenibilidad económico-financiera del sistema" que se nutrirá de los ingresos tarifarios, la explotación de otros recursos adicionales y de las aportaciones públicas necesarias en el caso de que el servicio fuera deficitario.

Según sus datos, con más de 6.000 núcleos de población Castilla y León cuenta en la actualidad con más de 150 operadores y 300 títulos concesionales de transporte si bien se prevé la reducción de concesiones que rondarán las 80 para buscar el equilibrio entre la eficiencia y la calidad y dar oportunidades también a las empresas --Suárez-Quiñones ha explicado que se han llegado a proponer hasta 30--.

VISIBILIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD

Otra de las novedades es que se tiene en consideración la visibilización de las personas de movilidad reducida para la adecuada integración de su movilidad en los servicios de transporte público y en las infraestructuras complementarias al transporte.

Además, la nueva normativa incorpora las nuevas tecnologías al servicio del usuario y contribuye a la lucha contra el cambio climático al obligar a una 'movilidad sostenible' que será uno de los principios básicos de su aplicación.

Suárez-Quiñones ha significado también el reconocimiento legislativo del 'transporte a la demanda' y ha destacado la prestación conjunta de los servicios regulares de uso general y uso especial como herramienta adicional de optimización de los recursos destinados al transporte público con el "reconocimiento expreso" de la posibilidad de subcontratación, una figura "imprescindible" en un territorio tan extenso, en palabras del consejero.

Del mismo modo, ha destacado el régimen jurídico de los 'servicios integrados zonales' que serán "la fórmula preferente" de prestación de los servicios de transporte interurbano en Castilla y León desde el convencimiento de que es la que mejor se acomoda a las necesidades de movilidad en la Comunidad Autónoma "dado el afán de dotar de la máxima cobertura en el territorio, especialmente en el ámbito rural".

En el ámbito del transporte urbano, la futura ley integra la regulación de la Ley de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León de 2002 y establece que los ayuntamientos pueden otorgar autorizaciones habilitantes para realizar transporte discrecional de viajeros en autobús, licencias para el transporte urbano en taxi y posibles autorizaciones de servicios de transporte turístico.

Además, la nueva norma da soporte legal a órganos preexistentes de interés sectorial, como son el Consejo de Transportes de Castilla y León y las Juntas Arbitrales del Transporte.

Sobre planificación y coordinación entre administraciones, se prevé la coordinación entre planeamiento urbanístico, ordenación del territorio y planificación del transporte, con la regulación de instrumentos como el 'Mapa de Ordenación de Transportes', los consorcios de transporte y la creación de entidades locales asociativas que puedan actuar como autoridad de transporte, los planes de movilidad sostenible de carácter urbano y metropolitano y la coordinación de paradas, entre otros.

Por último, otorga protagonismo a las estaciones de transporte de viajeros por carretera para que Castilla y León cuente con infraestructuras modernas y adecuadas, destinadas al servicio público general, que respondan a criterios de modernización, máximo confort y seguridad. Para ello, se determinan unos requisitos homogéneos para todas pero adaptados al volumen de expediciones de transporte anuales.