CyL pedirá explicaciones Montero por el desfase entre cuentas comunicadas

Marcos y Del Olmo analizan el proyecto de presupuestos 17/1/2019
JCYL
Publicado: jueves, 17 enero 2019 15:16

VALLADOLID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, pedirá explicaciones a la ministra del ramo, María Jesús Montero, por el desfase entre los 6.236,4 millones de euros en concepto de entregas a cuenta comunicados oficialmente a la Junta de Castilla y León el pasado 10 de enero y los 6.710 millones de euros contemplados en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019 aprobado un día después y registrado en el Congreso el lunes día 14.

"Son 474 millones de euros más de lo comunicado oficialmente sólo un día antes", ha ironizado la consejera que ha advertido además de que esa cifra es "muchísimo menos" que la facilitada en julio de 2018 --6.534,5 millones-- por lo que ha defendido en todo momento la decisión de la Junta de no elaborar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para este año ya que "hubiera sido una debacle", para lo que ha puesto como ejemplo las retenciones de no disponibilidad aplicadas ya en algunas autonomías que sí aprobaron sus cuentas.

Así lo ha asegurado la consejera de Economía y Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha analizado el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019 que ha considerado "irreales", "ficticios" y "llenos de incertidumbres" ya que, además de renunciar a la reforma del modelo de financiación autonómica, de aprobarse, "no se van a poder ejecutar".

Del Olmo ha advertido de que ninguna de las cifras de las entregas a cuenta facilitadas por el Gobierno cubren la prestación de los servicios públicos fundamentales ni alcanzan el gasto que supusieron en 2018, "la única realidad de un presupuesto que han presentado a bombo y plantillo", ha zanjado la consejera que ha rememorado el "grave error" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando en la época de los "brotes verdes que nunca aparecieron" presupuestó unas liquidaciones que han derivado en la obligación de tener que devolver 2.000 millones de euros.

"Se repite la historia, no podemos fiarnos", ha sentenciado Del Olmo que ha criticado además que Pedro Sánchez haya presentado un proyecto de presupuestos sin el visto bueno previo de la Cámara a los preceptos que marca la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y ha cuestionado la previsión de recaudación en un momento de desaceleración de la economía y de una "más que notable" ralentización de la creación de empleo.

"Han cambiado la previsión de crecimiento hasta tres veces", ha ironizado la consejera de Economía y Hacienda que ha lamentado además la "incapacidad" del Gobierno para mantener el pulso de la actividad económica en España mientras aumenta la presión fiscal a los ciudadanos, con el ejemplo de los efectos de la subida del impuesto al diésel para las clases medias o para los autónomos, para augurar que esta medida "penalizará" también a la industria de Castilla y León.

Del Olmo ha cuestionado a este respecto que 2.000 millones de euros de recaudación vía impuestos --transacciones financieras y la tasa Google-- dependan de la aprobación de dos leyes que, "en el mejor de los casos", podrían recibir el visto bueno del Congreso a mediados de año, en otro ejemplo, a su juicio, de la "ilusión recaudatoria" de un proyecto de presupuestos que se quedará "en agua de borrajas".

Preguntada a este respecto por la inclusión en su día en el proyecto de presupuestos de la Junta del impuesto al desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña que también tenía que ser aprobado por ley en las Cortes, Del Olmo ha respondido que en su caso estaba "segura" de que iba a salir adelante ya que el Grupo Parlamentario Popular cuenta con 42 integrantes --la mitad de la Cámara-- mientras que los socialistas tienen sólo 84 de 350 diputados, por lo que ve más difícil que saque adelante las dos leyes.

Por su parte, la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, ha analizado la repercusión del proyecto de presupuestos generales del Estado consejería por consejería para aclarar que, o mantienen los logros conseguidos por el Gobierno de Mariano Rajoy, como la subida salarial a los funcionarios, o "desprograman" 228 millones de euros en inversiones para 2019 proyectas en las cuentas precedentes.

Marcos ha criticado que las ayudas finalistas vinculadas al empleo primen a los territorios que tienen más paro y que peor han hecho las cosas y ha recordado que ninguno de los tres planes de empleo específicos tienen repercusión en Castilla y León. La portavoz ha reconocido el incremento del 41 por ciento en las políticas para vivienda pero ha augurado que, si se mantienen repartos equitativos, la comunidad sólo percibiría 3 de 137 millones de euros.

En materia de agricultura y ganadería, de la que es responsable, ha explicado que la no programación de 33 millones de euros en regadíos supondrá la pérdida de fondos europeos y una pérdida de inversión global de 175 millones de euros y de 17,5 millones para la Junta de Castilla y León.

Marcos ha aclarado también que no habrá eliminación del copago farmacéutico sino una reducción de parte de la factura y ha cuestionado que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya presupuestado el fondo de cohesión sanitaria y el de investigación e innovación que reclamaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"Nos están engañando", ha zanjado la portavoz que ha acusado al Gobierno socialista de implantar más impuestos para hacer inversiones en otras comunidades autónomas con las que está negociando el proyecto de presupuestos generales del Estado. "No somos tontos", ha advertido la portavoz de la Junta que ha asegurado que la Junta de Castilla y León defenderá en todo momento los intereses de la Comunidad Autónoma como ha pedido también al PSOE.

En este sentido, la consejera de Economía y Hacienda ha apelado a la proposición de ley presentada por el Grupo Popular en las Cortes sin el voto a favor de los socialistas para reclamar al Ministerio de Hacienda los 142 millones de euros que debe a Castilla y León en concepto de IVA. "Es nuestro", ha defendido.