CyL registra un seguimiento "heterogéneo" de la huelga en las escuelas infantiles con respaldo de casi un 19%

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha cifrado en un 19 por ciento el seguimiento medio de la huelga de profesionales de escuelas infantiles de 0 a 3 años en la Comunidad. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz ha calificado la asistencia a la jornada de paro como "heterogénea", al registrarse diferencias notables entre las distintas provincias.

En concreto, según los datos aportados por la Junta, el mayor impacto de la huelga se ha localizado en la provincia de Valladolid, donde el seguimiento ha alcanzado el 39,6 por ciento, seguida de Salamanca con un 36,1 por ciento y Palencia con un 30,2 por ciento. En el lado opuesto, la provincia de Soria ha registrado la menor incidencia con un 2,2 por ciento. El resto de las provincias han presentado los siguientes datos: Zamora (16,7 por ciento), Segovia (15,9 por ciento), Burgos (11,1 por ciento), León (11 por ciento) y Ávila (6,3 por ciento).

El portavoz ha trasladado un mensaje de "respeto" hacia las reivindicaciones de los profesionales, las cuales ha considerado que "tienen mucho sentido", si bien ha recordado que el propio colectivo reconoce que se trata de una protesta de ámbito nacional.

Asimismo, ha subrayado que Castilla y León es una de las pocas autonomías con la gratuidad de 0 a 3 años totalmente extendida, lo que, según sus datos, beneficia a 22.000 personas tras a una inversión autonómica de 108 millones de euros anuales.

Carriedo ha defendido que las condiciones laborales de los profesionales que dependen directamente de la Administración autonómica son "mucho mejores" y sirven de "referencia" para otros ámbitos. No obstante, ha precisado que en el caso de las entidades locales y centros privados, la Junta debe respetar la "negociación colectiva" y la "autonomía local", y el Ejecutivo autonómico debe limitarse únicamente a garantizar la financiación de los centros para asegurar su mantenimiento.

Finalmente, el consejero en funciones ha planteado la necesidad de que el Gobierno de España realice "aportaciones nacionales" para apoyar tanto a las comunidades que aún no han desarrollado este modelo como a aquellas que, como Castilla y León, ya lo tienen "implantado en su integridad" con fondos propios.