Decretado el sobreseimiento provisional de la adjudicación del aparcamiento Mariano Granados y El Espolón de Soria

SORIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa del proceso de adjudicación de las obras del párking de Mariano Granados y El Espolón, resolución contra la que cabe recurso.

El auto judicial deja constancia de la "plena conformidad" del Juzgado con el escrito del 22 de mayo del Ministerio Fiscal, en el que pedía el archivo del proceso abierto a raíz de la denuncia presentada por el concejal electo de Izquierda Unida en las últimas elecciones, Enrique García, querella que interpuso la formación política el pasado mes de febrero contra la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria de la anterior legislatura y la empresa Riosa, promotora del aparcamiento subterráneo.

"No aparece debidamente justificada la perpetración de los delitos que han dado motivo a la formación de la causa, por lo que procede a decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones", señala el auto.

La querella de Izquierda Unida apuntaba a los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y alteración de precios en concursos y subastas públicas, indicios que se han descartado por parte de la Fiscalía y, ahora, por parte del Juzgado.

SIN OPOSICIÓN ANTERIOR

"Cabe precisar que al cumplimiento de la normativa a lo largo de todo el expediente administrativo, se une el que ni Izquierda Unida, ni el denunciante, que fue concejal por dicho partido desde junio de 2007 hasta junio de 2011, hicieron manifestación o alegación alguna, ni mostraron ningún tipo de oposición en los trámites de información pública. Así lo admitió Enrique García en sede judicial", según el auto.

El Juzgado ha estimado, además, que la denuncia de Enrique García se basa en "intuiciones y elucubraciones" que no pueden dar sustento a una causa penal.

"El señor Enrique García reconoció que, fase por fase, el proceso está aparentemente bien, pero irregularidad tras irregularidad, conduce a pensar que el proyecto se ha aprobado sin ser viable".

En este sentido, el Juzgado ha recordado que el proceso penal "se basa en indicios ciertos de delito" y no en "meras intuiciones o sospechas" de que hubiera podido haber una filtración de información confidencial a favor de la empresa Riosa previa a la adjudicación o una "mala gestión" municipal.