Desarticulada una red criminal de compraventa de cachorros de perro en Ávila

   ÁVILA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil de Ávila ha investigado a nueve personas como presuntas integrantes de un grupo dedicado a la cría y compraventa irregular de cachorros de perro, animales que carecían de trazabilidad, se entregaban con documentación falsificada y en algunos casos con graves problemas de salud, lo que causó el fallecimiento de varios ejemplares.

   Bajo el título 'Bibiache', la investigación, desarrollada por el Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Ávila se inició el pasado 10 de diciembre tras obtener sospechas fundadas sobre posibles irregularidades en una actividad relacionada con la cría de animales.

   Después de las primeras labores de investigación los agentes inspeccionaron las instalaciones ubicadas en la comarca de La Moraña (Ávila) a mediados del pasado mes de diciembre, donde detectaron indicios de posibles infracciones penales y administrativas.

   Asimismo, los agentes realizaron numerosas gestiones operativas, análisis, seguimiento de plataformas digitales donde se publicitaban los animales, entrevistas, inspecciones, así como comprobaciones mediante herramientas geográficas y vuelos con drones.

   Las pesquisas permitieron determinar la existencia de una presunta estructura dedicada a la cría y venta de cachorros de perro, que adquiría animales para posteriormente distribuirlos por diferentes puntos del territorio nacional, a través de páginas web y redes sociales como medio de captación de compradores.

   Durante las inspecciones realizadas, los agentes confirmaron la actividad de cría y comercialización de cachorros, que carecían de trazabilidad y documentación legítima, y comprobaron que los microchips se intercambiaban y los animales no estaban registrados.

   También se detectaron varios ejemplares de especies protegidas, como jilgueros y lúganos, sin la debida documentación, incumpliendo así la normativa de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), así como una conexión irregular al suministro eléctrico.

   Posteriormente, en una segunda inspección realizada en otra localidad de la comarca de La Moraña, se incautaron numerosas cartillas sanitarias, medicamentos veterinarios y microchips sin implantar, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

   En este contexto, la investigación permitió constatar que los cachorros eran sometidos a desplazamientos de larga distancia con pocos meses de edad y con posibles irregularidades en la documentación sanitaria y administrativa.

   De este modo, se documentaron casos en los que los animales presentaban problemas graves de salud tras su adquisición, requiriendo asistencia veterinaria, así como el fallecimiento de varios ejemplares.

   Los investigadores también acreditaron la presunta colaboración necesaria de tres veterinarios investigados, cuya actuación habría permitido el acceso a determinados medicamentos veterinarios y la implantación de microchips.

MÁS DE 600 AFECTADOS

   Como resultado del análisis económico de la operación, la Guardia Civil localizó a 636 personas que podrían haber resultado perjudicadas, distribuidas por todo el territorio nacional, al aparecer como ordenantes por medio de transferencias vía teléfono.

   La trama habría obtenido, al menos, 125.265 euros en reservas y pagos relacionados con la adquisición de cachorros. Tras contactar con parte de los afectados, se acreditaron además pagos en efectivo por valor de 21.060 euros.

   De esta forma, los ingresos acreditados obtenidos por los cuatro principales beneficiarios ascenderían a 146.325 euros en un periodo aproximado de un año, si bien se estima que los beneficios podrían superar los 500.000 euros debido a los pagos pendientes de analizar y a los realizados en efectivo.

   A los investigados se les atribuyen, según su grado de participación, presuntos delitos contra la protección de la flora y fauna, defraudación de fluido eléctrico, publicidad engañosa, estafa, falsedad documental, intrusismo profesional, maltrato animal por omisión, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

   Las actuaciones han sido desarrolladas bajo la dirección de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila, la Sección Agraria Comarcal de Arévalo, el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ávila, técnicos de I-DE Grupo Iberdrola y el Departamento de Fraude e Investigación de Iberdrola España.

   Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.