BURGOS 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Burgos aprobó hoy una declaración institucional en defensa de la pertenencia del Condado de Treviño a la provincia burgalesa. El manifiesto, que está respaldado por todos los partidos políticos con presencia en la Diputación, (PP, PSOE y SI), insiste en el respeto a la legalidad y al Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Se trata de un documento en respuesta a distintos "rumores" sobre el futuro de este enclave burgalés a raíz las negociaciones para el proceso de paz en el País Vasco, según el presidente de la Diputación, Vicente Orden Vigara.
Orden Vigara aseguró que todos los grupos políticos con representación en la provincia estaban "moralmente obligados" a reiterar su consenso sobre la pertenencia a Burgos de Treviño.
El PP y el PSOE mantienen un pacto en Castilla y León en este asunto, en el que existe "consenso" entre las dos formaciones, según el presidente de la Institución provincial.
En ese sentido, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación provincial, José María Jiménez, se sumó a esta declaración institucional, al tiempo que precisó que le consta que el Ejecutivo de Zapatero no contempla introducir Treviño en el proceso de paz a modo de "rédito político".
Por su parte, el grupo de Solución Independiente, (SI), apoyó también esta declaración institucional, en señal de "respeto" a los dos grandes partidos políticos que lideran el proceso de paz en el País Vasco.
El portavoz de esta formación política en la Diputación, Cristino Díez, señaló que su partido también es contrario a una posible negociación con Burgos y su territorio.
La declaración institucional que hoy consensuaron los grupos políticos de la Diputación de Burgos recuerda las "inequívocas vinculaciones históricas, socioculturales, lingüísticas y económicas" que al Condado de Treviño le son "consustanciales" como parte integrante de la Provincia de Burgos y de Castilla y León.
La Corporación provincial burgalesa manifiesta en este documento su "máximo respeto" al Estado de Derecho y a su ordenamiento jurídico, "lo que conlleva el respeto a la Constitución de 1978 y al Estatuto de Autonomía de Castilla y León".