BURGOS, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno de la Diputación de Burgos ha aprobado esta mañana el pliego de cláusulas administrativas y las prescripciones técnicas para sacar a concurso la redacción de un estudio arqueológico y gráfico sobre el Monasterio de San Salvador de Oña.
El precio de licitación es de 86.463 euros (IVA incluido) y la empresa que resulte adjudicataria deberá realizar el documento en el plazo máximo de 5 meses.
El portavoz del equipo de gobierno, Borja Suárez, ha explicado que se trata del paso previo a la elaboración de un Plan Director, que permita desarrollar un proyecto de rehabilitación y conservación. El objetivo es parar el "deterioro" que está sufriendo parte del edificio desde que se produjo el traslado de la residencia para mayores a las nuevas dependencias construidas por la Junta de Castilla y León.
El estudio arqueológico y gráfico coordinará competencias, ordenará prioridades, definirá actuaciones de conservación, restauración y derribo, ha asegurado Suárez, y lo más importante, establecerá las inversiones que se deben de llevar a cabo para garantizar que el Monasterio de San Salvador "no se nos caiga". "Es un patrimonio que no podemos obviar porque si lo obviamos lo vamos a perder", ha insistido el portavoz provincial.
Borja Suárez ha recordado que San Salvador de Oña es un bien patrimonial "complejísimo", que cuenta hasta con 7 volúmenes (edificios) diferentes, cada uno de ellos propiedad de una administración distinta y con desiguales grados de protección. Mientras la iglesia abacial pertenece al Arzobispado y está declarada como Bien de Interés Cultural (BIC), el claustro principal es competencia de la Junta, y tiene protección especial.
La Diputación es propietaria de la mayor parte del resto de dependencias, las mismas que estuvieron durante años ocupadas para la residencia, y muchas de las que tendrán que ser derribadas, según los técnicos provinciales.
Suárez ha insistido en que el proyecto último pasa por la conservación y el mantenimiento del Monasterio, descartándose cualquier "uso asistencial", y abandonados proyectos privados como el de la hospedería, como consecuencia de la crisis económica.
