Diputación de Segovia liquida su Presupuesto de 2025 con 21,7 millones de remanente de Tesorería y 700.000 de Prodestur

SEGOVIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario de marzo de la Diputación de Segovia ha tomado conocimiento este jueves, 26 de marzo, de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, que arroja un remanente de Tesorería de 21,7 millones de euros para la institución provincial y de 671.000 euros para el organismo autónomo Prodestur.

Del informe económico-financiero de la Intervención se desprende además que el ahorro neto ha alcanzado el 36,72 por ciento y que la ejecución presupuestaria se ha situado en el 87,73 por ciento.

El nivel de endeudamiento, por su parte, ha descendido hasta el 5,77 por ciento respecto a los recursos ordinarios, y la institución cuenta con diez millones de euros de superávit.

El pleno también ha aprobado, con la abstención de los diputados de la oposición, la modificación del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Interno de los Centros Residenciales de la Diputación.

En el turno de mociones, tres de las cuatro propuestas presentadas han sido rechazadas, entre ellas las dos relativas al edificio La Saleta de Santa María la Real de Nieva, presentadas respectivamente por el diputado no adscrito José Antonio Mateo y la diputada de IU Ana Peñalosa, que se han debatido de forma conjunta aunque con votación separada.

Mateo ha defendido el "cuidado, mantenimiento y rehabilitación de un edificio que representa a muchas generaciones que han crecido allí educativamente", y ha apelado a la colaboración entre la Junta de Castilla y León, propietaria del inmueble, el Ayuntamiento de Santa María y la propia Diputación.

Asimsimo, Peñalosa ha instado a la Junta a "mostrar su compromiso para la reapertura de La Saleta con uso público", pues, a su juicio, es "uno de los inmuebles históricos más importantes de la provincia".

El diputado 'popular' Jaime Pérez, que es además concejal en el ayuntamiento afectado, ha defendido que desde el ámbito municipal se trabaja en este tema más de cinco años y ha asegurado que las vías de solución "ya están en marcha entre las administraciones afectadas".

De este modo, Pérez ha pedido la retirada de las mociones al considerar que el pleno provincial no es el foro adecuado para este debate, y, finalmente, ante la negativa de los 15 diputados del equipo de gobierno, ninguna de las dos propuestas ha prosperado.

La tercera moción, presentada por el grupo socialista, ha instado a la Junta a cubrir todas las plazas vacantes en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, y a agilizar la tramitación de expedientes.

En concreto, la diputada Lucía Otones ha defendido que su petición "no es solo una cuestión administrativa sino de justicia, eficacia y compromiso con esta tierra", mientras el diputado de Vox, Pedro Varela, ha propuesto una enmienda para suprimir del texto la expresión 'de manera inmediata', lo que los socialistas han rechazado.

Por su parte, el portavoz 'popular', José María Bravo, ha asegurado que la Junta ya conoce el problema y que "se van a cumplir los plazos, incluso adelantando el pago". De este modo, la moción ha caído ante los votos en contra del PP y las abstenciones de Vox y los dos diputados no adscritos.

DEFENSA A EQUIPOS DE FÚTBOL

El único punto del orden del día con apoyo unánime de todos los grupos ha sido la moción del PP en defensa del CD San Cristóbal, la EFS Valverde y el CD Segosala, a los que la Real Federación Española de Fútbol ha retirado sus equipos nacionales de competición.

El diputado de Deportes, Óscar Moral, ha subrayado que la sanción "solo daña a estos clubes y lo que representan, pues ellos no están luchando contra nadie, sino compitiendo en sus diferentes ligas", y ha agradecido el respaldo de todos los diputados.

La moción aprobada solicita el amparo del Consejo Superior de Deportes, la suspensión cautelar de la sanción por parte del Tribunal Administrativo del Deporte y que la Real Federación de Castilla y León agote todas las vías de diálogo para resolver el conflicto.

Ana Peñalosa ha calificado la decisión federativa de "injusta y desmedida", mientras que Varela ha sido el más duro al describirla como "una represión arbitraria proveniente del enfado de quien tiene el palo grande".