Imagen de un control de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL
BURGOS, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos ha instruido diligencias judiciales por cuatro delitos contra la seguridad vial, cometidos entre los días 25 de julio y 3 de agosto, todos ellos relacionados con la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
El suceso más grave tuvo lugar en la noche del pasado 25 de julio, cuando se produjo una salida de vía con vuelco en una pista asfaltada encargada de conectar dos localidades de la Bureba.
El conductor, de 68 años, resultó ileso, pero al ser sometido a las pruebas de alcoholemia por una patrulla del Destacamento de Tráfico de Miranda de Ebro, éstas arrojaron resultados de 1,03 miligramos por litro (mg/l) y 1,00 mg/l en aire espirado, cuadruplicando la tasa máxima legal permitida. Consecuencia de ello, fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, señala la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.
Además, el 31 de julio, a la altura del PK 75,900 de la N-120 se produjo, poco antes de la medianoche, otra salida de vía que causó daños en el vehículo implicado y en la infraestructura viaria. El conductor, de 25 años y sin lesiones, arrojó una tasa de 0,86 mg/l y 0,90 mg/l.
Apenas 24 horas después, en la madrugada del 2 de agosto, otra salida de vía con vuelco tuvo lugar en el PK 3,100 de la carretera BU-200. En este caso el conductor, de 38 años y que sufrió lesiones leves, ofreció tasas de alcohol en aire espirado de 0,83 mg/l y 0,78 mg/l.
Finalmente, el 3 de agosto, durante un dispositivo preventivo desplegado en la carretera BU-200, agentes del Subsector interceptaron un vehículo cuyo único ocupante, un varón de 25 años de edad, mostraba signos evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Una vez hechas las pruebas pertinentes, éstas arrojaron resultados de 0,80 mg/l y 0,82 mg/l.
Por todos los casos descritos, se han instruido diligencias que ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.