VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
Eclogistas en Acción denunció hoy que la Diputación de Valladolid ha iniciado la construcción de la estación de esquí en Villavieja del Cerro, pedanía de Tordesillas, "pese a no tener, presuntamente, la declaración de impacto ambiental, la licencia ambiental, la autorización de uso excepcional en suelo rústico y la licencia urbanística".
Según explicó hoy esta organización, las obras acometoidas hasta el momento han consistido en la remodelación de los terrenos afectados por la pista de esquí y sus instalaciones auxiliares y en el levantamiento de una edificación, de la que ya se ha ejecutado parte de la estructura.
Asimismo, EA explicó que la licencia urbanística y la autorización excepcional de uso solicitadas al Ayuntamiento de Tordesillas por la institución provincial, a través de la sociedad SODEVA, salieron a información pública el pasado mes de agosto, pero no se pueden conceder sin conocer la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, cuyo trámite de exposición pública terminó asimismo el pasado día 9 de octubre, y durante el cual los ecologistas presentaron alegaciones, todavía no informadas por la Comisión de Prevención Ambiental de Valladolid.
Por ello, Ecologistas considera que estos hechos "pueden ser constitutivos de infracción urbanística muy grave", por carecer de las pertinentes licencias, y pidió al alcalde de Tordesillas, Emilio Alvarez, y al delegado de la Junta, Jesús García Galván, la paralización inmediata de las obras y la apertura de sendos expedientes sancionadores por las infracciones administrativas referidas, que deberían finalizar con la imposición a la Diputación Provincial de una multa por importe de hasta 2,4 millones.
Asimismo, Ecologistas ha denunciado los hechos ante la Fiscalía de Valladolid por la comisión de un presunto delito urbanístico, castigado con penas de prisión e inhabilitación de 6 meses a 3 años, del que sería responsable el presidente de la institución provincial, Ramiro Ruiz Medrano.
Para los ecologistas, la actuación de la Diputación Provincial es "especialmente grave, por tener encomendado subsidiariamente el control de la legalidad urbanística en los pueblos de la provincia, de forma que se daría la paradoja de que en caso de inhibición del Ayuntamiento de Tordesillas sería la propia institución provincial la encargada de ordenar la paralización de las obras y abrirse un expediente sancionador a sí misma".
