Actualizado 09/03/2009 19:22 CET

Ecologistas en Acción manifiesta el "trato de favor" otorgado a Endesa en la central térmica de Compostilla (León)

Recurre la autorización ambiental de la central, ubicada en Cubillos del Sil

LEÓN, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción manifestó hoy el "trato de favor" otorgado a Endesa en la central térmica de Compostilla (León) "a costa" del medio ambiente y de la salud de los miles de habitantes del entorno de la central, ubicada en la localidad berciana de Cubillos del Sil.

En el recurso de reposición, similar a los presentados a las autorizaciones ambientales del resto de las centrales térmicas de Castilla y León, la organización solicita la modificación de la autorización concedida, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pasado día 5 de marzo.

Al respecto, Ecologistas en Acción opinó que dicha autorización es "nula de pleno derecho", ya que permite la emisión de gases contaminantes por encima de los valores legalmente establecidos en el Real Decreto 430/2004 y en el Plan Nacional de Reducción de Emisiones.

Según explicó en una nota recogida por Europa Press, los valores autorizados "multiplican varias veces" los legalmente establecidos para el dióxido de azufre, las partículas y los óxidos de nitrógeno, además de no contempla la instalación y puesta en funcionamiento de equipos de desulfuración de los gases de salida del Grupo 2.

"Tampoco se prevé sistema alguno de control y regulación de otros contaminantes como metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos que las centrales térmicas emiten en gran cantidad y para los que deberían establecerse también VLEs", puntualizó.

Del mismo modo, recordó que debido al efecto de las emisiones de la central térmica, la zona de Ponferrada "rebasa sistemáticamente" desde el año 2001 los valores límite para la protección de la salud humana establecidos por la normativa estatal sobre calidad del aire para el dióxido de azufre, por lo que la Junta de Castilla y León tramita el preceptivo Plan de Mejora de la Calidad del Aire.

"Consideramos inaceptable la actuación de la Dirección General de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y León, que vuelve a sacrificar descaradamente el derecho constitucional a la salud al interés de las empresas eléctricas, que tienen capacidad económica sobrada para asumir el coste de las instalaciones necesarias con las que reducir las emisiones de gases contaminantes a los valores más bajos, asociados a las mejores técnicas disponibles", concluyó.